Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos

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Tenemos la suerte con contar con distintas sedes a lo largo de la geografía nacional, para atender con la mayor cercanía a todos los clientes que acuden a nuestro despacho, por nuestra exquisita preparación y especialización en este concreto campo del Derecho. Actualmente contamos con sedes en MADRID, MÁLAGA y GRANADA.

Tramitamos asuntos en todo el país. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos). 

El nuevo mecanismo de protección de los derechos y libertades instaurado por el Protocolo nº 11 tiene por justificación y finalidad la simplificación del sistema original, para hacerlo más accesible a la presunta víctima de una violación de los derechos que garantiza ese sistema, a la que, por primera vez ante un Tribunal internacional, se reconocía la plena capacidad para ser parte. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

Como se ha expuesto, el texto del Convenio contiene sólo las líneas maestras del procedimiento para el amparo de derechos fundamentales que establece (arts. 19 a 46 CEDH), con una indefinida referencia al Reglamento del Tribunal que el Pleno había de darse (art. 26.d CEDH).  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

La flexibilidad que preside la aplicación del Convenio en materia de la protección de derechos humanos no hace, sin embargo, de esa reglamentación un código procesal de inexcusable aplicación por el tribunal. En casos especiales, cuando la aplicación de una regla pudiera provocar la indefensión de una parte, el Reglamento permite al propio Tribunal hacer “derogaciones específicas” de las disposiciones relativas al procedimiento “para el examen de un asunto concreto después de haber consultado a las partes cuando lo estime necesario” (art. 31). Del mismo modo, se faculta al Presidente del Tribunal para dictar “instrucciones prácticas”, especialmente en relación con cuestiones como la comparecencia en la vista y la presentación de observaciones escritas u otros documentos (art. 32).  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

El procedimiento así regulado se conforma a las exigencias del “proceso equitativo y público” del art. 6.1 CEDH, aunque con unas particularidades que se derivan del objeto y de sus fines que son la eficaz protección de los derechos fundamentales cuya vulneración se atribuye al Estado demandado. Estas particularidades lo configuran como un proceso inspirado en el principio dispositivo, si bien con importantes excepciones que lo atemperan. El carácter contradictorio del procedimiento viene consagrado en el art. 38.1 CEDH, pero se compatibiliza con una función directora del Tribunal para alcanzar una igualdad de armas de difícil logro en este proceso por la desigual posición de las partes.   (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

La debilidad procesal del demandante frente al Estado demandado, dotado de los medios de su Administración con servicios jurídicos especializados, es corregida por la actuación inquisitiva del Tribunal, que se sitúa como árbitro para que el procedimiento no pueda desviarse de aquellos fines, sino ser el medio jurídico de dilucidar las pretensiones y resistencias, recabando de oficio los datos necesarios. Para ello, la fase decisoria viene precedida de una fase instructora de admisión en la que el Tribunal tiene amplias facultades de investigación, recabando a las partes las informaciones y datos que precisa para averiguar el cumplimiento de los requisitos de la demanda previo al conocimiento del caso. El Secretario es, a este fin, el “intermediario para las comunicaciones y notificaciones realizadas o dirigidas al Tribunal en relación con los procesos ya iniciados o pendientes de iniciación” (art. 17. 2 RTEDH). (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

El proceso de protección de los derechos y libertades reconocidos en el Convenio y sus protocolos se desdobla en las fases de iniciación y admisión en dos procedimientos sustancialmente iguales, pero con diferencias formales en atención al carácter de Altas Partes Contratantes en el Convenio de los Estados que intervienen como demandantes (pues la parte demandada siempre es un Estado, aunque pueden ser varios, igualmente Partes en el Convenio).

Principios del procedimiento  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

Oralidad vs. escritura

Con sus lógicas excepciones, es posible afirmar que el principio de escritura rige la fase de instrucción (iniciación y de admisión), en la que las partes se relacionan con el Tribunal a través de escritos (demanda del actor, observaciones y memorias de las partes, informes del Juez Ponente, resoluciones del Tribunal). Superada la fase de instrucción, la fase de enjuiciamiento está inspirada por el principio de oralidad. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

Publicidad

La publicidad del proceso viene impuesta con unas limitaciones en atención a la fase del procedimiento. En fase de admisión, todos los documentos del asunto depositados en la Secretaria son accesibles al público, salvo en los casos de “negociaciones llevadas para lograr un acuerdo amistoso” o cuando el Presidente de la Sala decida lo contrario, a petición motivada y con especificación de su alcance, de “la parte u otra persona interesada”. En la fase de vista oral, está regida por el principio de publicidad, pero la Sala, de oficio, puede decidir lo contrario “debido a circunstancias excepcionales”.

También, excepcionalmente, el acceso a la sala de audiencia podrá prohibirse para la prensa y el público para la protección de los valores o intereses de la sociedad, de los menores o de la vida privada de las personas.

Las lenguas de las actuaciones  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

En este marco de equidad se resuelve el arduo problema de las lenguas a utilizar ante un tribunal internacional como el de Estrasburgo. Por regla general, las lenguas del procedimiento son el francés o el inglés, que son las lenguas oficiales del Consejo de Europa (art. 34.1 RTEDH). Las graves dificultades de la interpretación son, sin duda, una de las más importantes limitaciones del procedimiento ante las instancias internacionales. En el procedimiento ante el Tribunal se intenta paliar el escollo lingüístico mediante un mecanismo de excepciones, para ello, la regla general es modulada con un sistema de autorizaciones concedidas por el Presidente de la Sala con base en una distinción según se trate del demandante, del Estado demandado o interviniente y de los testigos y peritos. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

El demandante

En la fase inicial del proceso hasta que se dicta la resolución sobre la admisibilidad de la demanda, la comunicación con el demandante o su representante y todas las observaciones por éstos realizadas, pueden hacerse o redactarse en francés o en inglés, o “en una de las lenguas oficiales de las Partes Contratantes”. Por lo que respecta a España, la lengua oficial es el castellano.

Admitida la demanda, las observaciones del actor deben hacerse o redactarse en francés o inglés, “excepto si el Presidente de la Sala autorizara continuar utilizando la lengua oficial de una Parte Contratante”, pero en este caso el Secretario adoptará las medidas necesarias para la interpretación o traducción de las declaraciones u observaciones del demandante.

La representación del Estado demandado, interviniente o demandante

Conforme al art. 34.4 RTEDH, todas las comunicaciones del Tribunal con las Altas Partes Contratantes y las observaciones que formularen “deberán hacerse o redactarse en una de las lenguas oficiales del Tribunal”. El Presidente de la Sala podrá autorizar el uso de una lengua no oficial, pero, en este caso, el Estado que la propuso “deberá proporcionar y asumir los gastos de la interpretación o la traducción al inglés o al francés de las observaciones orales o escritas”. El Presidente de la Sala puede también invitar al Estado demandado a que proporcione al demandante una traducción de sus observaciones escritas en su lengua oficial, si no fuera la del demandante, con el fin de facilitar su comprensión (art. 34.5).

Testigos, peritos o comparecientes  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

Cada uno de ellos podrá utilizar su propia lengua si carece del conocimiento suficiente de alguna de las lenguas oficiales del Tribunal y el Secretario adoptará las disposiciones precisas para su traducción.

La lengua de las resoluciones de admisibilidad y de las sentencias será el francés o el inglés, salvo si el Tribunal decide dictarlas en las dos lenguas oficiales.

Iniciación y fase de instrucción  (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

El procedimiento se inicia con la presentación del escrito de demanda firmado por el actor o por su representante o con la comunicación de la intención de formularla. En este caso, a su recepción, la Secretaría le remite al comunicante un “formulario de demanda” que ha de rellenar el demandante o quien le represente. Según el art. 47.5, la fecha de la presentación se retrotrae a la de la “primera comunicación del actor expresando el objeto de la demanda”, teniendo el Tribunal facultad “para decidir señalar otra fecha si lo considera necesario”. Presentada la demanda, o recibida la comunicación en la Secretaría, se registra, se le dará número y se dará cuenta al Presidente del Tribunal, quedando depositada en la Secretaría (art. 33.3). El Presidente del Tribunal atribuirá el conocimiento del caso a una de las cuatro Secciones, y en caso de urgencia, puede autorizar que el Secretario informe al Estado demandado de la presentación de la demanda (art. 40).

Fase de enjuiciamiento

Cuando la Sala haya resuelto la admisión de la demanda individual, “procederá al examen contradictorio del caso con los representantes de las partes y, si procede, a una indagación, para cuya eficaz realización los Estados interesados proporcionarán todas las facilidades necesarias.” (art. 38 CEDH). La apertura de la fase de enjuiciamiento se compatibilizada con el procedimiento de arreglo amistoso. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

En orden a obtener el “examen contradictorio” de las alegaciones fácticas de las partes del litigio, la Sala podrá invitarlas “a que aporten otros medios de prueba y sus observaciones escritas” (art. 59.1).

Precisamente en las observaciones escritas deberá formular el demandante su solicitud de satisfacción equitativa, acompañándola de los justificantes correspondientes y, si no los tuviere preparados o disponibles, hará aquella solicitud en un documento específico presentado 2 meses después de la resolución que declare admisible la demanda (art. 60.1 RTEDH).

La vista sobre el fondo del asunto se celebrará cuando lo acuerde la Sala de oficio, o cuando lo solicite una de las partes, si no se hubiere celebrado una vista relativa al fondo en la fase de admisibilidad. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

También en esta fase, el Presidente determina el procedimiento escrito u oral a seguir (art. 59).

La vista está presidida por el principio de contradicción. Excepcionalmente, cuando una parte no se presente, sin justificación, la Sala puede acordar que continúe la vista, pero sólo “si lo estima compatible con una buena administración de justicia” (art. 64). La vista es pública, con las excepciones ya examinadas y la dirección de los debates corresponde al Presidente de la Sala, que fija el orden de las intervenciones y ordena la práctica contradictoria de las pruebas propuestas por las partes o acordadas de oficio.

El equilibrio entre los principios dispositivo e inquisitivo

[es un principio jurídico propio del Derecho procesal de ordenamientos jurídicos históricos, en el que el juez o tribunal que instruía y juzgaba el proceso era parte activa en éste, sumando sus propias alegaciones y pretensiones a la causa en la que posteriormente emitiría sentencia] influye, lógicamente, en los principios relativos a la prueba. Esta actividad está también atemperada por los principios de aportación y de investigación de oficio. Así lo refleja con claridad el art. 42 RTEDH, al disponer que la Sala puede acordar la práctica de medios de prueba necesarios para el esclarecimiento de los hechos: “a instancia de parte, de un tercero o de oficio”.

Los medios de prueban incluyen la documental, testifical y pericial, la inspección ocular o cualquier medio de instrucción. La Sala puede, además, “en cualquier momento del proceso encargar a uno o varios de sus miembros o a otros Jueces del Tribunal que procedan a una investigación, a una inspección ocular o cualquier otra medida de instrucción” (art. 42.2 RTEDH).

La prueba se practica en la vista con los representantes de la partes e incluso de terceros interesados a invitación del Tribunal, pudiendo los Jueces de la Sala formular preguntas (art. 68.1 RTEDH).

El examen de los testigos, peritos y demás personas invitadas se realiza, “bajo control del Presidente de la Sala”, por los Agentes, Abogados y Asesores de las partes. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

El resultado de la vista constará en acta cuando la Sala así lo acuerde (art. 70.1).

En cualquier momento del procedimiento ante la Sala, así en la fase de admisión como en la de conocimiento del fondo, cuando estimara que el asunto “plantea una cuestión grave relativa a la interpretación del Convenio o de sus protocolos, o si la solución dada a una cuestión pudiera ser contradictoria con una sentencia dictada anteriormente por el Tribunal, la Sala podrá inhibirse en favor de la Gran Sala, mientras no haya dictado sentencia, salvo que una de las partes se oponga a ello” (art. 30 CEDH).

La resolución de inhibición, que no necesita ser motivada es, pues, facultativa de la Sala y ha de ser comunicada a las partes para que, en el plazo de un mes a partir de la notificación por el Secretario, puedan presentar por escrito su oposición “debidamente motivada”. (Amparo Tribunal Europeo Derechos Humanos).  

Si no se hubiera producido la incidencia de inhibición en favor de la Gran Sala, la Sala ha de resolver sobre el fondo del asunto mediante sentencia, que serán definitivas. La condición exigida vale, sin embargo, para sostener que no son definitivas porque cabe interponer un recurso ante la Gran Sala (arts. 43 y 44 CEDH) cuando “el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación o a la aplicación del Convenio o de sus protocolos o una cuestión grave de carácter general.”

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