Abogados especialistas recurso amparo

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(Abogados especialistas recurso amparo).

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El recurso de amparo constitucional protege frente a las violaciones de los derechos y libertades señalados en los arts. 14 al 29 y el 30.2 de la Constitución, originadas por las disposiciones, actos jurídicos, omisiones o simple vía de hecho de los poderes públicos del Estado, las CC.AA demás entes públicos de carácter territorial, corporativo o institucional, así como de sus funcionarios o agentes.

Las violaciones de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional, que tuvieran su origen inmediato y directo en un acto u omisión de un órgano judicial, podrán dar lugar a este recurso siempre que se cumplan los requisitos siguientes:

Que se hayan agotado todos los medios de impugnación y recursos previstos por las normas procesales para el caso concreto dentro de la vía judicial. (Abogados especialistas recurso amparo).

Que la violación del derecho o libertad sea imputable de modo inmediato y directo a una acción u omisión del órgano judicial con independencia de los hechos que dieron lugar al proceso donde se produjeron.

Que se haya denunciado formalmente en el proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del derecho constitucional tan pronto como se hubiera lugar para ello. (Abogados especialistas recurso amparo).

El plazo para interponer el recurso de amparo, por la parte afectada por la vulneración del derecho o libertad, será de 30 días, a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial.

Al recurso de amparo se refiere en primer lugar el artículo 161.1.b) de la Constitución, así como el artículo 162 CE en cuanto a la legitimación; y el artículo 53.2 CE. Pero el mismo viene desarrollado en los artículos 41 a 58 de la Ley orgánica del Tribunal Constitucional, que han sido modificados varias veces.

Los artículos 42 a 44 LOTC regulan el amparo frente a actos sin valor de ley de los Parlamentos; el amparo por actuaciones imputables a los distintos Gobiernos o Administraciones Públicas; y el amparo frente a actuaciones judiciales. No olvidemos por otra parte la regulación del amparo electoral en la Ley Orgánica 5/1985.

Se regula en el artículo 44 de la Ley Orgánica 2/1979; el precepto se ha modificado en cuanto al plazo por la Ley Orgánica 6/2007, que lo amplía a treinta días. (Abogados especialistas recurso amparo).

Lo normal es que en este caso el amparo se dé por infracción del artículo 24 de la Constitución, incluyendo el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas (en cuyo caso el amparo no es admisible, por falta de objeto, si en el momento de su admisión ya se ha adoptado la resolución correspondiente que pone fin al proceso). Pero puede tratarse de infracciones de otros derechos; pensemos en el artículo 18 de la Constitución, en el caso de las autorizaciones de entrada domiciliaria o de escuchas telefónicas, o los casos en que lo que se discute es el derecho a la libertad personal. Y no sólo es preciso el agotamiento de la previa vía judicial sino además que se haya denunciado formalmente en el proceso, si ha habido oportunidad para ello (ahora la hay siempre, dada la nueva regulación de la nulidad de actuaciones) la lesión del derecho o libertad. Y ello es así para preservar la subsidiariedad del amparo.

Como es sabido, el recurso de amparo del artículo 44 no permite al Tribunal Constitucional revisar los hechos; pero en ocasiones, al pronunciarse sobre una posible valoración arbitraria de la prueba, lo cierto es que acaba entrando en ellos, y esto ha producido algún conflicto con la jurisdicción ordinaria; pensemos en la Sentencia de 7 de enero de 1994. Asimismo, los conflictos en ocasiones se producen por cuanto el Tribunal Constitucional entiende que el derecho a una sentencia cuya motivación no sea arbitraria se incluye en la tutela judicial efectiva y que incluso el control de amparo debe ser más profundo cuando se trate de casos en que están en juego otros derechos fundamentales; y ello comporta inequívocamente cierta penetración de la jurisdicción constitucional en ámbitos tradicionalmente considerados como de legalidad ordinaria: Sentencia TC 63/2005, sobre la prescripción penal, por ejemplo.

Y ha de hacerse además referencia a los amparos mixtos, es decir aquellos en que se imputa una doble lesión: lesión de un derecho fundamental por el ejecutivo y no reparado en la vía judicial previa, y lesión de un derecho fundamental directamente imputable al órgano judicial (tutela judicial efectiva normalmente; por ejemplo, lesión del derecho a la prueba). A este respecto, si bien hasta fechas recientes el Tribunal se inclinaba por analizar primero la lesión ex artículo 44, a fin de permitir la retroacción de actuaciones y que el órgano a quo en su caso pudiera proteger debidamente el derecho vulnerado por un acto del ejecutivo (preservar en suma la subsidiariedad del amparo), más recientemente el Tribunal se inclina más bien por enjuiciar primero la lesión por el acto del ejecutivo, dado que si se estima el amparo por esa vía ya no es preciso retrotraer nada, sino que la situación jurídica del particular queda restablecida de inmediato: Sentencias TC 307/2006 y 308/2006.  (Abogados especialistas recurso amparo).

En gran medida hemos de remitirnos a lo dicho sobre el sentido de la reforma por Ley Orgánica 6/2007. Pero se pueden añadir algunas consideraciones; por ejemplo, el artículo 49 LOTC nos dice que el amparo se inicia mediante demanda, en que ya se debe precisar cuál es el derecho fundamental vulnerado. Es reiteradísima la doctrina constitucional según la cual las pretensiones se formulan en la demanda de amparo y no en las alegaciones posteriores, donde no se pueden alegar nuevos derechos infringidos. Otra cosa es que, conforme al artículo 84 LOTC, el Tribunal aprecie de oficio la infracción de otros derechos fundamentales.  (Abogados especialistas recurso amparo).

La demanda debe expresar además la trascendencia constitucional del proceso; y debe ser acompañada por los documentos expresados en el artículo 49.2; la falta de presentación de esta documentación es un requisito subsanable, pero si no se subsana en el plazo de diez días que el tribunal debe conceder (con el apercibimiento correspondiente), se deberá acordar la inadmisión por providencia, contra la que conforme al artículo 50.4 LOTC no cabe recurso alguno.

Recibidas las actuaciones desde el órgano a quo, artículo 51 LOTC, se ponen de manifiesto al recurrente, al fiscal, a las restantes partes personadas en el proceso a quo y al abogado del Estado si estuviera interesada dicha administración; tienen un plazo común para hacer alegaciones, artículo 52 LOTC, y transcurrido el mismo se procederá a dictar sentencia.  (Abogados especialistas recurso amparo).

La sentencia, si es estimatoria contra la decisión de un órgano judicial, no puede comportar una censura a la actuación del mismo, artículo 54, sino que se limitará a señalar si se han vulnerado las libertades del demandante. Conforme al artículo 55.1 LOTC, si la sentencia es estimatoria debe declarar la nulidad del acto, reconocer el derecho según su contenido constitucionalmente declarado y restablecer al recurrente en la integridad de su derecho. Pero esto no siempre es posible; por ejemplo si lo lesionado son derechos de un parlamentario al cargo representativo y el mandato del recurrente ya ha finalizado.  (Abogados especialistas recurso amparo).

El Auto 3/1996 hace referencia a la extensión subjetiva de las sentencias estimatorias del amparo, en un caso en que unos habían recurrido en amparo y otros no en relación con los resultados de unas oposiciones donde la convocatoria era, según Sentencia 93/1995, lesiva del artículo 23 de la Constitución y que había sido declarada nula en parte por el Tribunal. Este auto niega legitimación en el incidente de ejecución a quienes no habían sido parte previamente en el proceso de amparo, aunque su situación jurídica de origen era exactamente igual a la de quienes sí habían recurrido.

Interesante resulta la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de Abril de 2013 por la que se resuelve la cuestión atinente al lugar de presentación del recurso de amparo y viene a recordar esta sentencia que el artículo 85.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional debe interpretarse en el sentido de que permite que la presentación de escritos de iniciación del recurso de amparo se realice, con plenos efectos interruptores del plazo de caducidad, tanto en el Registro del Tribunal Constitucional como en la oficina o servicio de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad durante la integridad del plazo completo previsto legalmente para la presentación de dichos escritos de iniciación. Y apunta, así, que una interpretación del artículo 85.2 Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que sólo dotara de plenos efectos de interrupción del plazo de caducidad la presentación de este tipo de escritos en las oficinas o servicios de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad el día siguiente al del vencimiento del plazo de interposición hasta las 15:00 horas, pero no los presentados en cualquier otro momento anterior, implicaría, por su rigorismo, consagrar para ciudadanos que carecen de la necesaria asistencia profesional una situación de desigualdad en el acceso a esta jurisdicción de amparo, en función del territorio de residencia, que resulta desproporcionada. Los residentes en localidades más o menos cercanas o que por cualquier razón tuvieran más fácil acceso a la sede del Registro del Tribunal Constitucional podrían utilizar la integridad del plazo para presentar el escrito de iniciación del proceso de amparo en dicho Registro con una certeza absoluta de que ello supone la interrupción del plazo de caducidad. Por el contrario, para quienes el desplazamiento hasta la sede del Tribunal Constitucional pudiera resultar más gravoso, la única certeza absoluta respecto de la interrupción del plazo de caducidad se produciría si se utiliza el registro de la oficinas o servicios de registro central de los Tribunales civiles de cualquier localidad el día siguiente al del vencimiento del plazo de interposición antes de las 15:00 horas.  (Abogados especialistas recurso amparo).

La presentación con anterioridad a ese momento, a pesar de que resulte fehaciente mediante el sello de entrada en dichas oficinas o servicios, e incluso aunque, paradójicamente, se hubiera mostrado una absoluta diligencia de presentar el escrito de iniciación con mucha anticipación a la preclusión del plazo de interposición, nunca permitiría al recurrente tener la certeza jurídica de su interposición en plazo. La circunstancia de que finalmente el escrito se hubiera presentado en plazo siempre dependerá de una eventualidad, la posterior recepción de ese escrito en el Registro del Tribunal Constitucional, que están fuera del control del demandante, como sería la mayor o menor diligencia de la oficina de registro en la remisión de los escritos al Tribunal Constitucional, el medio elegido para verificar dicha remisión o, incluso, la mayor o menor cercanía de dicha oficina con la sede territorial de este Tribunal, lo que es susceptible de generar una innecesaria inseguridad jurídica.  (Abogados especialistas recurso amparo).

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