abogado especialista en extradición

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Abogado especialista en extradición

Abogado especialista en extradición

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La Constitución Española hace referencia a la extradición en el artículo 13.3 CE indicando, que la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un Tratado o de una ley, atendiendo al principio de reciprocidad, quedando excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.

A su vez, los artículos 824 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulan el procedimiento de extradición activa, es decir, cuando es el Estado español el que solicita la extradición a otro Estado. La extradición pasiva, es regulada por la Ley 4/1985, de 21 de marzo (en lo sucesivo, LEP), denominada precisamente de extradición pasiva.

La existencia de Tratados Internacionales sobre extradición es muy frecuente en esta materia, y además constituyen la mejor forma de que los Estados faciliten dicha cooperación para la entrega de los presuntos delincuentes. Estos Tratados pueden ser multilaterales, o sea suscritos entre variados Estados, o bilaterales, cuando son realizados entre dos Estados.  (Abogado especialista en extradición).

Los principios que seguidamente se indicarán, vienen establecidos en la Ley española de extradición pasiva, por lo cuál, el cumplimiento de los mismos condicionará el éxito de la extradición a un Estado que la solicite a España. Los principales son los siguientes:  (Abogado especialista en extradición).

– Principio de doble incriminación: Implica que el hecho básico que origina la petición de extradición debe estar tipificado como delito, tanto en la ley del Estado requirente como en la del Estado requerido.

– Principio de especialidad: La extradición concedida tiene su alcance limitado a la persecución del delito objeto de la misma, sin que quepa extender sus efectos para poder proceder por un delito distinto del que la motivó, salvo que el Estado que accedió a la extradición autorizara la ampliación de sus efectos a otros delitos (artículo 21 LEP).

– Principio de exclusión de los delitos políticos y militares: No se concede la extradición en estos supuestos, pero no se considerarán tales los actos de terrorismo, los crímenes contra la humanidad previstos por el Convenio para la Prevención y Penalización del Crimen del Genocidio por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia (artículo 4 LEP).

– Principio de exclusión del nacional: No se concede la extradición de los españoles, ni de los extranjeros por delitos que corresponda conocer a los Tribunales españoles, según el ordenamiento nacional (artículo 3 LEP).

– Principio de legalidad: Implica que las causas de extradición deben consignarse de manera expresa o, al menos, indicarse con claridad en los Tratados y en las leyes.  (Abogado especialista en extradición).

– Principio que prohíbe la violación de la regla non bis in idem: Con base en dicho principio, no se concederá la extradición cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo esté siendo en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición (artículo 4 LEP).  (Abogado especialista en extradición).

El procedimiento viene regulado en la Ley española 4/1985, de 21 de marzo de Extradición Pasiva. Para que proceda, se exige que se trate de hechos para los que las leyes españolas y las del Estado requirente, señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad, o de cuatro meses de privación de libertad, si se trata del cumplimiento de una condena o medida de seguridad (artículo 2 LEP).

El procedimiento de extradición pasiva consta de tres fases diferenciadas, la gubernamental, la jurisdiccional, y la gubernativa de decisión.  (Abogado especialista en extradición).

a) Fase gubernamental

Comienza con la solicitud de extradición formulada por una Estado, denominado requirente, por la vía diplomática, o sea a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, o directamente por el Ministro de Justicia de la parte requirente al Ministro de igual clase español, debiendo acompañar los siguientes documentos:

• La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisión, o resolución análoga, según la legislación del país requirente, con expresión concisa de los hechos, lugar y fecha en que fueron realizados.

• Los datos de identidad, nacionalidad y residencia de la persona reclamada, acompañando su fotografía y huellas dactilares, si resulta posible.  (Abogado especialista en extradición).

• Copia de los textos legales con expresión de la pena aplicable.

• Si el hecho estuviera castigado con penas de muerte, o atentatorias contra la integridad corporal o degradantes, el Estado requirente debe dar garantías de su no aplicación.

• Dichos documentos deben acompañarse originales o en copia auténtica, y una traducción oficial al Español.

• En caso de urgencia, puede solicitarse la detención como medida preventiva, reflejando en la solicitud, que ésta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detención firme, expresando los hechos y circunstancias que la motiven, ofreciendo presentar seguidamente la demanda de extradición, la cuál deberá presentarse en un plazo de cuarenta días, dejándose sin efecto la prisión acordada, en caso de no verificarlo. Esta solicitud se remitirá por vía postal, telegráfica, o bien a través del Ministerio de Justicia o de Exteriores, o a través de la Organización Internacional de Policía Criminal, y caso de verificarse la detención, la persona será puesta a disposición del Juez Central de Instrucción de guardia.  (Abogado especialista en extradición).

Recibida la solicitud, el Ministerio de Asuntos Exteriores, la remitirá al de Justicia, y éste si no está detenida la persona reclamada, puede interesar del Ministerio de Interior su detención. Posteriormente el Ministerio de Justicia, en un plazo de ocho días siguientes a la recepción de la solicitud, debe elevar al Gobierno propuesta motivada, sobre si procede o no continuar el procedimiento de extradición en vía judicial. El Gobierno debe adoptar la decisión en el plazo de quince días, y si el acuerdo fuere denegatorio se pondrá en conocimiento del Estado requirente, y si se acordó la prisión del detenido, el Juez la pondrá en libertad.

b) Fase judicial  (Abogado especialista en extradición).

Si el Gobierno accede a continuar el procedimiento por vía judicial, remite el expediente al Juzgado Central de Instrucción. Si no estuviera detenida la persona reclamada, el Ministerio del Justicia comunicará al de Interior para que practique la detención, redacte el atestado, y en el plazo de veinticuatro horas ponga a disposición judicial al detenido. El juez acuerda una comparecencia del reclamado, asistido de su abogado, intérprete, si lo precisa, y el Ministerio Fiscal.

En dicha comparecencia, identificado el detenido, si éste accede a la extradición y no existen otros obstáculos legales, el Juez en el plazo de veinticuatro horas, accederá a ella. Si se opone, puede solicitar una ampliación de la información aportada por treinta días más, y en todo caso, resolverá lo procedente, acordando la libertad del detenido o su prisión, elevando el procedimiento a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, siendo sus resoluciones, que llevarán forma de auto, y de las que se dará traslado inmediato al Ministerio de Justicia, recurribles únicamente en reforma (artículo 12 LEP).  (Abogado especialista en extradición).

El referido traslado corresponde realizarlo al Secretario judicial, conforme a la modificación de la Ley de Extradición Pasiva operada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial.  (Abogado especialista en extradición).

Recibido el expediente en la indicada Sala de lo Penal, a los quince días siguientes, se señala vista, en la cuál además de los anteriormente indicados puede intervenir, el representante del Estado requirente, si lo ha solicitado, atendido el principio de reciprocidad. En la vista el reclamado presta declaración, y únicamente cabe practicar prueba en relación con las condiciones exigidas por el Tratado o por la ley española de extradición.

El Tribunal resuelve por auto a los tres días siguientes a la vista, tanto sobre la procedencia de la extradición, como sobre si procede la entrega al Estado requirente de los objetos ocupados al reclamado. Contra ésta resolución únicamente cabe recurso de súplica, que debe ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, sin que pueda ser designado ponente ninguno de los Magistrados que dictaron la resolución recurrida (artículo 15 LEP).

Si se resuelve negativamente, el Tribunal ordena la puesta en libertad de la persona reclamada y lo comunica al Ministerio de Justicia, y éste al de Exteriores para que lo comunique al Estado requirente.

c) Fase gubernativa de decisión  (Abogado especialista en extradición).

Aunque el Tribunal acceda a la extradición, finalmente será el Gobierno el que decidirá la entrega de la persona reclamada o la denegará, ya que la decisión judicial no es vinculante para el Gobierno, que puede denegarla en el ejercicio de la soberanía nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden público o demás intereses esenciales para España, sin que quepa recurso alguno contra lo que decida el Gobierno (artículo 6 LEP).

De accederse a ello, la entrega de la persona se realizará por agente de la autoridad española, previa notificación del lugar y fecha fijados, observándose la legislación nacional vigente en este orden (artículo 19 LEP).  (Abogado especialista en extradición).

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