Abogado delito prevaricación urbanistica Málaga

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Abogado delito prevaricación urbanistica Málaga

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Abogado delito prevaricación urbanística Málaga

Abogado delito prevaricación urbanística Málaga

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  (Abogado delito prevaricación urbanística Málaga).

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La modificación del Código Penal acomete una profunda revisión del denominado “delito de prevaricación urbanística”

El día 23 de diciembre de 2010 entra en vigor la reforma del Código Penal (CP) operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que afecta a unos 150 preceptos. Entre las novedades que más interesan a determinadas Unidades de la Guardia Civil, entre ellas el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y los Equipos de Delincuencia Urbanística (EDU) de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial, figura la nueva con-figuración del denominado “delito de prevaricación urbanística”, del artículo 320 CP. (Abogado delito prevaricación urbanística Málaga).

En su redacción original, la prevaricación urbanística era una modalidad agravada de la prevaricación administrativa regulada en el artículo 404 CP, en la que se castigaba a las autoridades y funcionarios públicos que, a sabiendas de su injusticia, hubieran informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias contrarias a las normas urbanísticas vigentes (apartado 1°) así corno a las autoridades o funcionarios que, igualmente a sabiendas de su injusticia, hubiesen resuelto o votado a favor de la concesión de tales licencias (apartado 2°). Esta redacción suponía una visión algo limitada de la compleja normativa de la ordenación del territorio y el urbanismo, de modo que la mayoría de los ilícitos que podían cometer las autoridades y funcionarios en este ámbito, casi siempre anteriores al trámite de la licencia, tendrían que perseguirse como delitos contra la administración pública. Por otra parte, el precepto no hacía frente a supuestos en los que determinadas autoridades y funcionarios no concedían licencias expresas para obras ilegales, para evitar responsabilidades, pero se “autorizaban tácitamente”, incluso con un “condicionado verbal”, omitiéndose posteriormente el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística.  (Abogado delito prevaricación urbanística Málaga).

Con estos antecedentes, el preámbulo de la ley explica que se completa el ámbito de los objetos sobre los que se puede proyectar la conducta prevaricadora con la inclusión de los «instrumentos de planeamiento», y los proyectos de urbanización, parcelación y reparcelación. Y, como venía siendo demandado por la doctrina, se otorga rango típico a la ocultación de actos ilícitos observados por la inspección y a la omisión de inspecciones que tuvieran carácter obligatorio. En todos estos supuestos, se agravan las penas en correspondencia con la gravedad de este tipo de conductas, suprimiéndose además en el artículo 320 la alternatividad entre la pena de prisión o multa a fin de evitar que los funcionarios y responsables públicos tengan un tratamiento privilegiado.

Se cometerá el delito de cuando la autoridad o funcionario informa, resuelve o vota a favor de los instrumentos, proyectos o licencias a los que se ha hecho mención, teniendo plena conciencia de que lo hace al margen de las “normas de ordenación territorial o urbanística vigentes”. La contrariedad a derecho ha de ser patente manifiesta, burda, notoria, incuestionable, flagrante, clamorosa, palmaria, evidente, grosera, esperpéntica, escandalosa, absurda etc., según los términos manejados usualmente por la jurisprudencia. Por lo tanto, ha de ser de fácilmente constatación para personas que tengan conocimientos muy básicos de derecho urbanístico. No basta una incorrecta aplicación del derecho vigente; ha de cometerse una “injusticia” que se aprecia cuando, por ejemplo, se favorece a alguien en perjuicio del interés general pero no tanto cuando se beneficia a la colectividad sin un perjuicio para nadie. Por lo tanto, si la ilegalidad admite discusión o no hay un evidente perjuicio al interés general, parece que la vía adecuada para su tratamiento sería la de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El tipo exige que la contrariedad se refiera precisamente a la normas de ordenación territorial o urbanística vigentes. Así, cabe pensar en una concesión de licencia de demolición de un inmueble protegido por la normativa de patrimonio histórico. Este supuesto está contemplado por el artículo 322 CP, en el que curiosamente no se hace referencia a la normativa que ha de vulnerar la autoridad o el funcionario público. Este planteamiento enlaza como la cuestión de la denominada “normativa sectorial”. Existen en el territorio una serie de “limitaciones”, “hechos” o “actividades” como las costas, las aguas continentales, las vías pecuarias, los espacios naturales protegidos, las carreteras, los aeropuertos, la agricultura, el patrimonio histórico.., que tienen una protección en leyes estatales o autonómicas que condicionan la ordenación del territorio y el urbanismo, hasta el punto de que se habla del “urbanismo sectorial o especial”. En principio, los instrumentos de planeamiento deberían recoger todas las limitaciones de la normativa sectorial, en cuyo caso no se plantearía ningún problema. Pero no siempre es así. Surge entonces la duda sobre la tipicidad del otorgamiento de una licencia congruente con un instrumento de planeamiento pero que viola flagrantemente una ley sectorial, de modo que daría cobertura a unas obras no autorizables por el ordenamiento jurídico. Una solución razonable sería entender que las leyes sectoriales, al menos algunos de sus preceptos, son “normas urbanísticas especiales”, cuya vulneración tendría relevancia en cuanto al artículo 320 CP. En otro caso, se trataría de una posible prevaricación del artículo 404. (Abogado delito prevaricación urbanística Málaga).

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