Más de 10 años de prisión: Posible condena al guardia civil del accidente mortal Torremolinos

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Más de 10 años de prisión: Posible condena al guardia civil del accidente mortal Torremolinos

Tomando como fuente informativa la noticias publicadas por el diario malagueño SUR, vamos a establecer una serie de consideraciones jurídicas sobre las consecuencias de la conducción temeraria de resultado mortal, del funesto accidente que un sargento de la guardia civil provocó en Torremolinos hace pocos días, y del que se van conociendo poco a poco más detalles. Comencemos con el relato de hechos que publica DIARIO SUR, como anticipo de la posterior valoración jurídica que vamos a efectuar.

DS: “Pedro acababa de coger la autovía A-7 desde Campanillas para llevar a Algeciras a sus padres y a dos tíos en su Renault Latitude. A Juan le había salido la que, a priori, parecía una buena carrera. Había recogido en la estación María Zambrano a un grupo de turistas procedentes de Bahrein y Kuwait y debía llevarlos en su Mercedes Vito de nueve plazas hasta Puerto Banús, donde iban a pasar unos días de vacaciones. Miguel, el sargento Miguel, había salido después de comer de Casariche, la localidad sevillana donde está destinado, y se dirigía en el Hyundai i40 de su padre a Fuengirola, donde, según decía, iba a ver «a un amigo».

El reloj se detuvo a las 16.15 del miércoles. A esa hora, las vidas de todos ellos se cruzaron en el punto kilométrico 225,150 de la autovía A-7 a su paso por Torremolinos. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso SUR, Miguel golpeó por detrás con su Hyundai al Renault y, posteriormente, al taxi. El testimonio de Pedro da una idea de la velocidad a la que se produjo el impacto. «Sentí un golpe muy fuerte, miré por el retrovisor y vi la furgoneta (la Mercedes Vito) dando vueltas de campana», declaró a la Guardia Civil. Pedro paró su coche unos metros más adelante y, al bajarse, observó la furgoneta volcada sobre un costado en el asfalto y a varias personas tumbadas en el suelo. Eran los ocupantes del taxi de Juan. «Un coche blanco que venía desde mi izquierda me embistió en el lateral, a la altura de la rueda delantera. Después, mi vehículo se descontroló y empecé a escuchar los chillidos de los pasajeros», relató el profesional a los investigadores del Instituto Armado.

Juan trató de auxiliar a una de las pasajeras de su taxi, «la mayor de todos». Los otros cinco ocupantes habían salido despedidos de la Mercedes y yacían sobre el asfalto. Una de ellas, una joven de 30 años, natural de Bahrein, falleció en el acto. Las otras dos víctimas mortales del siniestro, una mujer kuwaití de 48 y un chico de 26, también de Bahrein, murieron esa misma noche en el hospital. Los otros tres turistas de la expedición, de 16, 18 y 40 años, de las mismas procedencias que los anteriores, continúan ingresados con lesiones graves.

Conductor a la fuga

Pedro vio de lejos a un hombre «saltando las dos vallas de la carretera para cruzar hacia los pinos». Era Miguel, que intentaba alejarse apresuradamente del lugar del accidente mientras, al parecer, hablaba por su teléfono móvil. Un conductor que había sido testigo del suceso comenzó a gritar para impedir que se marchase. Unos policías nacionales destinados en Cádiz, que estaban atrapados en el atasco que se formó tras el siniestro, se bajaron de su coche y lo persiguieron. Según declaró en la comandancia uno de esos agentes, Miguel le dijo, literalmente: «Soy compañero, yo no iba conduciendo, lo llevaba otro guardia civil. Yo no tengo nada que ver con el accidente». Al principio se resistió, y tuvo que forcejear con él para reducirlo con ayuda de un policía local de Benalmádena que también pasaba por allí. Miguel declaró en el juzgado que no sabía lo que hacía, que pretendía que lo pillara un coche porque en ese momento «sólo quería morirse».

Se le investiga por tres delitos de homicidio, siete de lesiones y dos contra la seguridad vial. A ESTOS DELITOS ANTES COMENTADOS, PODRÍA UNIRSE EL DELITO DE OMISIÓN DEL DEBER DE SOCORRO, al tratar deliberadamente de abandonar el lugar de los hechos, sin prestar ayuda a los heridos. También consideramos que, dependiendo del contenido del atestado policial, A LOS ANTERIORES, PODRÍA UNIRSE, IGUALMENTE, UNA IMPUTACIÓN POR UN DELITO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA. 

El sargento dio 0,47 y 0,50 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en las dos pruebas que le hizo la Guardia Civil de Tráfico tras el siniestro, por lo que se le leyeron los derechos y quedó detenido. Más tarde, ya en la comandancia de Arroyo de los Ángeles, se sometió al Drug Test, que se utiliza para comprobar la ingesta de sustancias estupefacientes. Miguel dio positivo en cocaína. Él reconoció a la jueza que, cinco minutos antes de emprender el viaje desde Casariche, se paró en un bar y se bebió una jarra de cerveza con un pincho de tortilla. Pero juró por sus tres hijos que no se había drogado. Achacó el «falso positivo» a las tres coca-colas y el red-bull que tomó en la comandancia antes de que le hicieran la prueba del Drug Test.

El suboficial buscó en su declaración judicial una coartada sobre la dinámica del siniestro. Dijo que se le había cruzado un coche «gris» y que, al frenar y girar a la derecha, golpeó al Renault de Pedro, y a partir de ahí perdió el control. Los testigos identificados por la Guardia Civil de Tráfico desmienten su versión. Fueron los dos conductores que primero llamaron al 112, ya que presenciaron toda la secuencia. Los dos coincidieron en que fueron adelantados «a gran velocidad» por el Hyundai, quien al volver al carril derecho colisionó con el Renault. Uno de ellos es especialmente gráfico al detallar cómo se produjo el siniestro: «Yo circulaba por la A-7 en sentido Algeciras. El turismo blanco, el Hyundai, me adelantó a gran velocidad y, al retornar al carril derecho, golpeó a otro de color gris, un Renault Latitude. Acto seguido, el turismo blanco ha cruzado la zona excluida a la circulación, separadora de calzadas, y ha colisionado de nuevo con un taxi que circulaba por la calzada de la AP-7, en el carril izquierdo

[…] El taxi volcó y vi como al menos tres personas salían despedidas». No obstante, los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico realizarán en los próximos días, a partir de los testimonios de las víctimas, de los daños en los vehículos y de los vestigios hallados en la calzada, una reconstrucción minuciosa del siniestro.

En cualquier caso, Miguel aseguró a la jueza que no iba rápido, «como mucho a 120 kilómetros por hora, pero no fuerte», precisó. La magistrada, a la vista del contenido de su resolución, no lo creyó. Según el auto de prisión, que se apoya en las investigaciones policiales y los testimonios de los testigos, el sargento circulaba a gran velocidad, «realizando adelantamientos que ponían, y así lograron, en riesgo la vida de terceras personas, de tal modo que iba de un lado a otro de la calzada». ESTE RAZONAMIENTO DE LA JUZGADORA DE LA INSTANCIA, A LA HORA DE JUSTIFICAR LA MEDIDA DE PRISIÓN, ES LO QUE NOS HACE PENSAR, EN LA POSIBLE CONCURRENCIA DE UN DELITO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA.

La jueza pone asimismo el acento en el consumo de alcohol y droga, que «alteran las facultades para la conducción», pero especialmente en la condición de sargento de la Benemérita. «Si ya los hechos descritos denotan gravedad, y un desprecio hacia la vida e integridad de los demás usuarios de la vía, el mayor desvalor parte de la condición de agente de la Guardia Civil del investigado, así como que, una vez producida la colisión, tuvo que ser frenado por policías, pues salió huyendo del lugar en vez de llamar a emergencias o tomar medidas de seguridad para las víctimas», critica, literalmente, la instructora del caso en el auto que redactó para enviarlo a prisión. ESE DESPRECIO A LA VIDA, E INTEGRIDAD DE LOS DEMÁS USUARIOS DE LA VIA, ES LO QUE LLEVA A LA JUZGADORA DE LA INSTANCIA, A LA HORA DE JUSTIFICAR LA MEDIDA DE PRISIÓN, ES LO QUE NOS HACE PENSAR, EN LA POSIBLE CONCURRENCIA DE UN DELITO DE CONDUCCIÓN TEMERARIA.

Riesgo de fuga

Inicialmente, le atribuye tres delitos de homicidio por imprudencia, (NOSOTROS CONSIDERAMOS, QUE JURÍDICAMENTE, ES VIABLE QUE LA IMPUTACIÓN INICIAL DE HOMICIDIO POR IMPRUDENCIA, PUEDA SER AGRAVADA A HOMICIDIO DOLOSO), siete de lesiones también por imprudencia (por cada uno de los heridos; cuatro de ellos iban en el taxi y los otros tres, en el Renault) y dos contra la seguridad vial, uno por la excesiva velocidad y el otro por circular bajo los efectos del alcohol y/o droga. La jueza justificó la medida de prisión por la gravedad de las penas, que en esta modalidad de homicidio imprudente irían de un máximo de 12 años de prisión a un mínimo de tres. Los dos delitos contra la seguridad vial pueden añadir otros cuatro años de prisión a una futura (e hipotética) condena, lo que, a juicio de la magistrada, supone un «riesgo» de que el investigado pueda intentar eludir la acción de la Justicia.

El atestado del caso también detalla el historial del sargento y algunas de las informaciones reservadas que le abrió la propia Guardia Civil a raíz de los incidentes que iba protagonizando. Desde 2010, acumula seis investigaciones internas, una sentencia por injurias, amenazas y maltrato de obra a un vecino de Tolox, y un juicio pendiente por otro accidente de tráfico en el que se le investiga por conducir bajo los efectos del alcohol, aunque se basa solo en sus síntomas, porque se marchó del lugar antes de que sus compañeros de Tráfico le hicieran la prueba.

En Tolox, muchos de los vecinos no guardan un buen recuerdo de él. Todo comenzó en 2013, cuando Miguel era el comandante de puesto y decidió regular el lanzamiento de cohetes y petardos durante la tradicional ‘cohetá’ que se lleva a cabo con motivo de las fiestas de San Roque. El sargento limitó dicha actividad pirotecnia a algunos puntos concretos del pueblo –cuando hasta entonces solían ir lanzándolos al paso de la procesión– y al parecer empezó a imponer multas. Aquello derivó en una letra de Carnaval que le dedicó un vecino y que, aunque no llegó a sonar, sí se distribuyó por el pueblo. Miguel le amenazó delante de su familia.

El guardia civil detenido como supuesto responsable del accidente en Torremolinos en el que fallecieron tres personas el pasado miércoles se sentará en el banquillo de los acusados en septiembre para responder por otro siniestro ocurrido en 2014 en Mijas. Una acusación particular solicita que sea condenado a cuatro años y medio de prisión.

Los hechos ocurrieron el 26 de mayo en la carretera que discurre entre Fuengirola y Alhaurín el Grande. Según se recoge en sus conclusiones provisionales, sobre las 22.00 horas un vehículo recibió el impacto del Hyundai que conducía Miguel, de profesión guardia civil y, por tanto, «perfecto conocedor de la prohibición de conducir tras la ingesta de alcohol y drogas». Debido al golpe, tanto el conductor del turismo, como su acompañante sufrieron varias lesiones, se apunta.

El abogado, que representa al conductor del vehículo que sufrió el impacto, asegura que, «intencionadamente y con consciente desprecio a la vida de los demás», el guardia civil decidió ponerse al volante del vehículo habiendo ingerido tal cantidad de bebidas alcohólicas que le incapacitaban totalmente para el dominio del mismo. Al respecto, afirma que Miguel circuló de forma temeraria y peligrosa a una velocidad excesiva, superior a la permitida, por lo que colisionó con su representado y con un ciclomotor, provocando lesiones a otras personas.

En su escrito, el letrado explica que el agente no quiso atender los requerimientos de sus compañeros de la Guardia Civil que querían comprobar si había consumido algún tipo de sustancia. Así –continúa– huyó del lugar sin más auxiliado por un amigo en otro vehículo, negándose a someterse a las citadas pruebas, «cuando todos los testigos del accidente e incluso la Guardia Civil señalaron que el acusado presentaba síntomas claros de intoxicación como deambulación inestable, rostro pálido, ojos rojos y brillantes, así como mucho olor a alcohol».

Tras hacer este relato de los hechos, el abogado considera que el procesado cometió dos delitos contra la seguridad vial, otros dos de lesiones y uno de daños. Por ello, además de la citada pena de prisión, solicita que sea condenado a 10 años de privación de conducir y ocho en los que no pueda ejercer como guardia civil de Tráfico, así como a pagar 10.800 euros en multas y otros 2.256 en indemnizaciones. Además pide que se apliquen agravantes por su condición de agente.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ordenó ayer el ingreso en prisión del guardia civil detenido tras el accidente por el que fallecieron tres personas en la citada localidad. Miguel C.L. fue detenido y puesto a disposición judicial como supuesto responsable del siniestro, según confirmaron las fuentes consultadas, quienes recordaron que el hombre dio positivo en alcohol y cocaína en los test que se le practicaron. En concreto, se le investiga por dos delitos contra la seguridad vial, tres de homicidio imprudente y otros siete de lesiones.

El grave accidente tuvo lugar en la confluencia de la AP-7 con la Hiperronda el pasado miércoles. Los primeros indicios apuntan a que fue el coche del guardia civil el que chocó contra otro, al que desplazó debido al impacto y acabó colisionando contra una furgoneta de transporte público, en la que viajaban las tres víctimas mortales y otros familiares más que resultaron heridos. Al parecer, ésta comenzó a dar vueltas de campana tras el incidente y varios de sus ocupantes salieron despedidos.

Numerosos efectivos de emergencias se desplazaron hasta el lugar de los hechos, donde yacía el cuerpo de una de las víctimas. Horas más tarde, en el hospital Carlos Haya fallecían dos personas más, a consecuencia de los traumatismos que sufrieron. Asimismo, hay otras personas que resultaron heridas de diversa consideración, como una madre y una hija, que tuvieron que ser intervenidas quirúrgicamente. Además, también sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos una chica de 18 años estable dentro de la gravedad.

En cuanto a los hechos, tras el accidente, Miguel C.L. se bajó de su coche, un Hyundai blanco que luce una bandera de España junto al maletero, y caminó hacia el arcén, llegando a alejarse algunos metros del lugar del siniestro. De hecho, incluso saltó la mediana. Sin embargo, fue interceptado por unos policías nacionales destinados en Cádiz que iban de servicio, aunque de paisano, cuando se toparon con el accidente. Al parecer, y siempre según las fuentes consultadas, el conductor les comentó que se estaba yendo porque necesitaba asistencia médica. Se lo impidieron y le dijeron que debía esperar a que llegara la Guardia Civil y los sanitarios.

Curiosamente, no es la primera vez que el sargento utiliza ese mismo argumento para ausentarse, o al menos intentarlo, del lugar de un accidente. El 26 de mayo de 2014, tras otro percance de tráfico en Mijas, supuestamente le dio sus datos al conductor de uno de los vehículo implicados y le dijo que debía marcharse porque se encontraba mal y tenía que verlo un médico. La Guardia Civil, que acudió a atender ese siniestro, lo estuvo buscando por todos los hospitales, pero no pudo localizarlo hasta la mañana siguiente. El juicio por este episodio está señalado para septiembre.

Desde la Asociación Unificada de Guardias Civilesdenunciaron la inacción de la comandancia y del subdelegado del Gobierno para frenar la «conducta» y los problemas que estaba ocasionando el suboficial. Según ha podido saber SUR, en realidad ha sido objeto de seis investigaciones internas, alguna de ellas cerradas sin detectar que tuviera responsabilidad. En otras, sin embargo, la propia Benemérita ya había actuado contra él por tres faltas muy graves y una falta grave al régimen disciplinario; los motivos, variados: uso indebido de atribuciones, emborracharse fuera del servicio…

De hecho, el sargento ya había sido suspendido de funciones, como le volvió a ocurrir el miércoles, cuando dio positivo tras el accidente que le ha costado la vida a tres turistas de Bahrein y Kuwait que acababan de llegar a la estación María Zambrano, donde cogieron junto a sus familiares –todos ellos hospitalizados con heridas de diversa consideración– un taxi de 9 plazas para dirigirse a Marbella. Iban a pasar unos días de vacaciones en Puerto Banús.

Sus problemas con la disciplina del Cuerpo también le habían supuesto la pérdida de algún destino, le ocurrió en Tolox, donde fue destituido tras varios incidentes con vecinos del municipio por la letra de una murga que le dedicaron en el Carnaval. Uno de esos episodios acabó incluso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Coín, que lo condenó por una falta de maltrato de obra, dos faltas de injurias y amenazas y una falta de amenazas, además de dictar una orden de alejamiento respecto al denunciante.

Las fuentes explicaron que sus problemas en Tolox, donde era comandante de puesto, comenzaron cuando pretendió regular la «cohetá», una tradición del municipio que consiste en el lanzamiento de petardos y cohetes durante la procesión con motivo de las fiestas de San Roque. En 2013, el sargento, sin embargo, decidió limitar el uso de la pirotecnia a la plaza del pueblo y empezó a sancionar a los vecinos con multas que iban de 3.000 a 30.000 euros. En respuesta, ellos se vengaron dedicándole una letra para una murga del Carnaval titulada ‘Mi sargento’.

La coplilla no llegó a sonar en el carnaval, aunque se repartió entre los habitantes del municipio. El suboficial reaccionó increpando y amenazando al autor de la letra, que acabó denunciándolo, lo que se tradujo en la sentencia dictada por el juzgado de Coín y que supuso su salida del pueblo. En 2016 fue trasladado a Horcajo de los Montes (Ciudad Real), y cuando pidió ser destinado de nuevo a Málaga, la Guardia Civil lo envió a la localidad sevillana de Casariche, que era su actual destino, y donde al parecer ya había protagonizado alguna polémica y tenía prohibido llevar armas, así como usar vehículos del cuerpo.”.

By | 2017-07-02T10:58:05+00:00 julio 2nd, 2017|noticias rinber|0 Comments

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