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Incapacitación judicial mayores Málaga

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Se trata de un procedimiento contemplado en los artículos 756 a 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los que se trata de conseguir la declaración por un juez de Primera Instancia de la incapacidad de una persona para regirse a sí mismo y la disponibilidad sobre sus bienes ante las dificultades que tiene para gobernarse y tener claramente afectadas sus facultades mentales. (Incapacitación judicial mayores Málaga).

La Ley prevé para estos casos la existencia de un procedimiento por el cual se solicita de un juez que tras el examen de la persona que se desea incapacitar y el de un médico forense se dicta una sentencia que le declara incapaz y le designa la persona que le sustituirá en los actos que debe realizar, disponibilidad de bienes, etc. En el caso de que no se declare esta situación de incapacidad esta persona sigue disponiendo de sus bienes y aunque esté mentalmente disminuida sigue rigiendo sus bienes y actuación frente a los demás.

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Hay que recordar que el derecho a la personalidad jurídica del ser humano, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, lleva implícito el reconocimiento del derecho a la capacidad jurídica de la persona, por lo que toda restricción o limitación de su capacidad de obrar afecta a la dignidad de la persona y a los derechos inviolables que le son inherentes, así como al libre desarrollo de la personalidad (artículo 10.1 de la Constitución). En consecuencia, la declaración de incapacitación de una persona sólo puede acordarse por Sentencia Judicial en virtud de las causas establecidas en la Ley mediante un procedimiento en el que se respeten escrupulosamente los trámites o diligencias que exigía el artículo 208 del Código Civil (y que en la actualidad se imponen en el vigente artículo 759 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) que, en la medida en que van dirigidas a asegurar el pleno conocimiento por el órgano judicial de la existencia y gravedad de las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que concurren en el presunto incapaz y que le inhabilitan para gobernarse por sí mismo, que son la causa y fundamento de su incapacitación se erigen en garantías esenciales del proceso de incapacitación, por lo que su omisión, en cuanto puede menoscabar o privar real y efectivamente al presunto incapaz de su derecho de defensa, podría constituir una lesión del derecho a un proceso con todas las garantías contrario al artículo 24.2 de la Constitución.

II. TRÁMITE A SEGUIR

Antes de pronunciarse sobre la incapacitación de una persona (sin perjuicio de las demás pruebas que pudieran practicarse), se exige por el juez la realización de tres trámites ineludibles: la audiencia de los parientes más próximos del presunto incapaz, el examen personal de éste y el dictamen de un facultativo sobre el mismo. La omisión de alguno de los trámites citados es causa de nulidad del procedimiento.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

No hay que olvidar, sin embargo, que mientras se tramita este procedimiento pueden adoptarse medidas cautelares, ya que a tenor del artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil cuando el tribunal competente tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, adoptará de oficio las medidas que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio y pondrá el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal para que promueva, si lo estima procedente, la incapacitación. El Ministerio Fiscal podrá también, en cuanto tenga conocimiento de la existencia de posible causa de incapacitación de una persona, solicitar del tribunal la inmediata adopción de las medidas a que se refiere el apartado anterior.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

Las mismas medidas podrán adoptarse, de oficio o a instancia de parte, en cualquier estado del procedimiento de incapacitación

III. DESIGNACIÓN DEL TUTOR  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

En la Ley de Enjuiciamiento Civil se contempla expresamente la posibilidad de que en la misma sentencia que declare al incapacidad se proceda al nombramiento de tutor, siempre que esta designación se hubiera solicitado en la demanda (artículos 759.2 y 760.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), sin necesidad de acudir a otro procedimiento para constituir la tutela a favor de la persona judicialmente declarada incapaz.

También permite la Ley Procesal, en su artículo 762 LEC, que el Tribunal pueda adoptar, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares que estime necesarias para la adecuada protección del presunto incapaz o de su patrimonio cuando tenga conocimiento de la existencia de una posible causa de incapacidad en una persona, bien dentro del proceso de incapacitación y en cualquier estado del mismo, bien el margen de este procedimiento y con carácter previo a su promoción.

IV. LEGITIMACIÓN PARA INSTAR LA INCAPACIDAD

A tenor de lo dispuesto en el artículo 757 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la declaración de incapacidad puede promoverla el presunto incapaz, el cónyuge o quien se encuentre en una situación de hecho asimilable, los descendientes, los ascendientes, o los hermanos del presunto incapaz.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

El Ministerio Fiscal deberá promover la incapacitación si las personas mencionadas en el apartado anterior no existieran o no la hubieran solicitado.

Cualquier persona está facultada para poner en conocimiento del Ministerio Fiscal los hechos que puedan ser determinantes de la incapacitación. Las autoridades y funcionarios públicos que, por razón de sus cargos, conocieran la existencia de posible causa de incapacitación en una persona, deberán ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, la incapacitación de menores de edad, en los casos en que proceda conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela.

V. LA DECLARACIÓN DE INCAPACIDAD  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

Una vez que el juez ha examinado a la persona sobre la que gira la situación para incapacitar, a los parientes y reconocido por el forense dictará sentencia declarando, o no la incapacidad. Así, según el artículo 760 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la sentencia que declare la incapacitación determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 763 LEC al que posteriormente nos referimos en cuanto a los internamientos en centros hospitalarios de personas con problemas mentales pero no en grado suficiente para incapacitar.

Si el tribunal accede a la solicitud, la sentencia que declare la incapacitación nombrará a la persona o personas que, con arreglo a la Ley, hayan de asistir o representar al incapaz y velar por él.

Todo ello no quita, sin embargo, que a tenor del artículo 761 de la Ley de Enjuiciamiento Civil la sentencia de incapacitación no impedirá que, sobrevenidas nuevas circunstancias, pueda instarse un nuevo proceso que tenga por objeto dejar sin efecto o modificar el alcance de la incapacitación ya establecida.

VI. EL INTERNAMIENTO HOSPITALARIO DE PERSONAS CON PROBLEMAS MENTALES

Uno de los aspectos que más preocupan a los familiares de las personas con enfermedad mental es la negativa de los enfermos a asumir el tratamiento médico, en ocasiones por la falta de reconocimiento de la propia enfermedad y en otros casos por la estigmatización social de las enfermedades mentales o por los efectos secundarios de la medicación de las mismas que lleva a los enfermos a la decisión o la inercia de no tomar tratamiento. Nos encontramos, en efecto, con situaciones de personas que tienen trastornos de la conducta graves, pero que por esta discapacidad no son conscientes de la obligación que tienen de seguir un tratamiento médico, lo que las convierte, no solo para sus familiares, sino, también, para cualquier persona que pueda tratar con ellos en un riesgo potencial de que puedan llevar a cabo conductas con peligro no solo para ellos, sino para las personas cercanas a ellas en un momento concreto.

De lo que se trata es de que las personas que padecen una enfermedad mental que hoy por hoy no tiene cura y es crónica, puedan llevar a cabo una vida normalizada si es atendida correctamente desde el punto de vista socio-sanitario y sigue un tratamiento, ya que en caso contrario, su calidad de vida se puede ver alterada y agravada. En efecto, estas personas no pueden por sí mismas atender su problema sin un soporte de tratamiento médico, por lo que la diferencia entre someterse a tratamiento o no hacerlo conlleva problemas personas de conducta y de calidad de vida, pero un serio peligro, también, para las personas que con ella se relacionan, ya pertenezcan a su núcleo familiar o no. Y lo cierto es que son las personas cercanas a ellos las que más sufren las situaciones de no sometimiento a tratamiento voluntario, ya que la enfermedad les convierte en personas peligrosas y muy difíciles de tratar, así como con reacciones imprevisibles en su dimensión, pudiendo llegar a la comisión de delitos de los que no llegan a ser conscientes de su gravedad por la propia enfermedad que padecen. Ahora bien, cabe preguntarse: ¿Por qué tiene la sociedad, por medio de uno o varios de sus miembros, ser víctimas de estas conductas de enfermos mentales que, al mismo tiempo, no son conscientes de la gravedad de sus actuaciones? ¿Por qué no actuar cautelarmente para evitar que al final tenga que celebrarse un proceso penal en el que al final se declare la concurrencia de una eximente completa o incompleta y se le aplique al enfermo una medida de seguridad de internamiento en un centro especial por la vía de los artículos 101, 103 o 104 del Código Penal en relación con la eximente del artículo 20 CP en sus números 1 y 3, o la incompleta en relación con estos números (artículo 21.1 CP en relación con el artículo 104 del Código Penal)?  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

Así, cuando se detecta un problema médico grave de conducta en una persona se opta por el internamiento por vía judicial del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico. Por ello, en la práctica, se está sometiendo a personas que precisan de ayuda al más absoluto abandono que únicamente reciben la medida terapéutica de ingresarlo cuando existe una pérdida de calidad de vida acuciante y/o se produce una situación de riesgo para su vida o para la de los demás. Estos ingresos son dictaminados por un facultativo y autorizados por un juez, que ha de garantizar que la privación de libertad del enfermo contra su voluntad se realice con todas las garantías de sus derechos fundamentales. Además, es frecuente que dichos ingresos duren pocos días, que el enfermo salga y al cabo de unos meses vuelva a ingresar, estando los periodos que permanecen en el domicilio sin medicarse y sin garantías de calidad de vida.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

En este sentido, ante la ausencia de una regulación normativa de la intervención judicial fuera de los casos de internamiento no voluntario se viene a reconocer que las únicas medidas de protección legal de las personas con enfermedad mental son el internamiento y la incapacitación, por lo que muchas familias acuden a la incapacitación como la única vía para solicitar posteriormente que su familiar enfermo se someta a tratamiento, pero en la práctica no existe ninguna medida directa de aplicación cuando el enfermo no presta su consentimiento. ¿Por qué acudir a una vía de incapacitación de estos enfermos cuando podría acudirse a un tratamiento médico sin necesidad de internamiento, por ejemplo, o sin tener que acudir a una incapacitación judicial? Nos preguntamos.

Se reconoce que en la actualidad no existe ninguna norma jurídica que ampare este tipo de situaciones y que el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé medidas cautelares, que pueden ser patrimoniales o personales de protección de los derechos e intereses de los presuntos incapaces, pero dichas medidas han de ser adoptadas en o de forma inmediata anterior a un procedimiento de incapacitación Judicial, por lo que se torna la finalidad de la incapacitación como la vía escogida para resolver el problema. Sin embargo, hay que recordar que se presentó en el año 2004 una proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de fecha 19 de Julio de 2004) sobre la adición de un nuevo apartado 5º al artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de Enero, todavía sin aprobar y que caducó en la anterior legislatura que vendría a evitar tanto los internamientos repetidos y sistemáticos, como las medidas de incapacitación no necesarias, si se tuvieran vías como la propuesta.

Se plantea, también, que el Código Civil señala en el artículo 158 CC medidas de protección de los menores que se podrían asimilar a los incapaces, pero ninguna de ellas es de aplicación en el caso de la intervención ambulatoria, por lo que no puede utilizarse este artículo para resolver la vía opcional del tratamiento no voluntario sin internamiento, recordando que el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, realizado en Oviedo en 1997 por los Estados miembros del Consejo de Europa y ratificado por el Estado español en 1999, establece en su artículo 7 la posibilidad de intervención y no sólo de ingreso, estableciendo textualmente lo siguiente:  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

“artículo 7. Protección de las personas que sufran trastornos mentales.

La persona que sufra un trastorno mental grave sólo podrá ser sometida, sin su consentimiento, a una intervención que tenga por objeto tratar dicho trastorno, cuando la ausencia de ese tratamiento conlleve el riesgo de ser gravemente perjudicial para su salud y a reserva de las condiciones de protección previstas por la ley, que comprendan procedimientos de supervisión y control, así como medios de elevación de recursos”.

Resulta curioso, pensamos, que se firme un Convenio como el citado y que no haya tenido en los últimos ocho años un desarrollo legislativo, ya que es la norma jurídica la que vincula y no los convenios o protocolos, por lo que en la Exposición de Motivos de la Proposición de Ley antes citada se insiste en que pese a la existencia del Convenio de 1997, no ha tenido ningún reflejo ni desarrollo legislativo y se apunta que sólo ha sido aplicado en pocos casos por algunos jueces, como se puso de manifiesto en las comparecencias desarrolladas ante la Comisión de Justicia los días 1 y 2 de marzo de 2005. Por ello, en la Exposición de Motivos se insiste en que el trabajo final viene de un resultado práctico derivado de las actividades elaboradas en el Comité técnico-jurídico propuesto por FEAFES (Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental) inicialmente formado por letrados de asociaciones, y al que se fue incorporando al grupo a fiscales, magistrados, médicos psiquiatras, responsables de áreas sanitarias, trabajadores sociales y asesores jurídicos de las oficinas del Ararteko y del Síndic de Greuges, que han estudiado y analizado profundamente el ámbito y el marco legislativo adecuado, buscando el mayor beneficio de la persona afectada así como el máximo respeto de sus derechos, desembocando en la propuesta de reforma legislativa de adicionar un apartado quinto al artículo 763 LEC del siguiente tenor literal:  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

“5.— Podrá también el Tribunal autorizar un tratamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico o un período de observación para diagnóstico, cuando así lo requiera la salud del enfermo, previa propuesta razonada del Facultativo, audiencia del interesado, informe del Forense y del Ministerio Fiscal.

En la resolución que se dicte deberá establecerse el Disposición final. plan de tratamiento, sus mecanismos de control y el dispositivo sanitario responsable del mismo que deberá informar al Juez, al menos cada tres meses, de su evolución y seguimiento, así como sobre la necesidad de continuar, modificar o cesar en el tratamiento”, precepto que no está en vigor pero que resolvería, de aprobarse, los problemas del tratamiento ambulatorio de personas que no deben ser incapacitadas pero sí sometidas a tratamiento médico.

El Tribunal Constitucional, en la Sentencia de 2 de diciembre de 2010 (STC 132/2010), ha declarado la inconstitucionalidad de los párrafos primero y segundo del artículo 763.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción de la reserva de Ley orgánica establecida en los artículos 17.1 y 81.1 CE. Estos preceptos posibilitan la decisión de internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico y el Tribunal Constitucional considera que, en tanto que esta acción constituye una privación de libertad, solamente podrá ser regulada mediante ley orgánica.

VII. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La Ley 15/2015, de 2 de julio, ha regulado en los arts. 56 y ss este procedimiento de protección a los expedientes que tengan por objeto alguna de las actuaciones judiciales previstas en el Capítulo I de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, sobre protección patrimonial de las personas con discapacidad y, en concreto, para:

a) La constitución del patrimonio protegido de las personas con discapacidad o aprobación de las aportaciones al mismo cuando sus progenitores, tutor o curador se negaren injustificadamente a prestar el consentimiento o asentimiento a ello.

b) El nombramiento de su administrador cuando no se pudiera realizar conforme al título de constitución.

c) El establecimiento de exenciones a la exigencia de obtener por el administrador de la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros, que se refieran a los bienes y derechos integrantes del patrimonio protegido de las personas con discapacidad.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).

d) La sustitución del administrador, el cambio de las reglas de administración, el establecimiento de medidas especiales de fiscalización, la adopción de cautelas, la extinción del patrimonio protegido o cualquier otra medida de análoga naturaleza que sea necesaria tras la constitución del patrimonio protegido.

A tenor del art. 57 de la Ley 15/2015, de 2 de julio, será competente para el conocimiento de este expediente el Juzgado de Primera Instancia del domicilio o, en su defecto, de la residencia de la persona con discapacidad.

El expediente se iniciará mediante solicitud por escrito del Ministerio Fiscal en la que se consignarán los datos y circunstancias de identificación de la persona con discapacidad, de sus representantes o su curador, según proceda y de los demás interesados en el asunto, así como el domicilio o los domicilios en que pueden ser citados, y los hechos y demás alegaciones que procedan. Su tramitación se ajustará a las normas generales de tramitación previstas en esta Ley. El Juez dictará la resolución en interés de la persona con discapacidad. Si la resolución estableciera la constitución del patrimonio protegido de una persona con discapacidad, aquella deberá contener, al menos, el inventario de los bienes y derechos que inicialmente lo constituyan; las reglas de su administración y, en su caso, de fiscalización, así como los procedimientos de designación de las personas que hayan de integrar los órganos de administración o, en su caso, de fiscalización.  (Incapacitación judicial mayores Málaga).