Captura de pantalla 2016 12 05 a las 16.53.38 Abogado experto en extradiciones

(Abogado experto en extradiciones).

¿Buscando un abogado experto en extradiciones?. Si es así, estás en el lugar indicado. Nuestros abogados son especialistas en este tipo de procedimientos. Nuestro bufete, el es despacho de abogados, que más expedientes tramita en relación a este tipo de cuestiones del país.

Tal es así, que personas de todo el país, se ponen en contacto con nuestras oficinas para que sean nuestros Letrados los que consigan que, ESA ORDEN DE EXTRADICIÓN, SOLICITADA POR OTRO PAÍS, NO SE LLEGUE A EFECTUAR.

ES POR ELLO, POR LO QUE CONTAMOS CON UN TELÉFONO DE URGENCIAS, CONTÍNUAMENTE ATENDIDO POR ABOGADOS PENALISTAS, QUE RESOLVERÁN SUS DUDAS. (Abogado especialista en extradiciones).

Captura de pantalla 2016 08 12 a las 9.43.30 Abogado experto en extradiciones

Telefono de urgencias

No cabe duda de que la extradición es la institución de cooperación judicial internacional que mayor incidencia tiene sobre los derechos de la persona afectada. La extradición supone que un estado requiere de otro la entrega de una persona para poder someterla a un proceso penal o a la ejecución de una pena o de una medida de seguridad en su propio territorio. Se trata de una institución de carácter accesorio respecto de un proceso penal promovido por el estado requirente, que responde a la necesidad de asegurar la presencia del imputado en dicho proceso o la ejecución de la pena ya impuesta en el marco del mismo.  (Abogado experto en extradiciones).

El proceso de extradición constituye una forma de cooperación judicial entre estados en materia penal, porque las autoridades judiciales o policiales del estado requirente no pueden ejercer poderes coercitivos respecto de personas que no se hallan en su territorio, sino en el territorio en el que se ejerce la soberanía del estado requerido. Además, la entrega de un sujeto por el estado en que se ha refugiado a otro estado que lo persigue penalmente con la finalidad de que este último pueda ejercitar su ius puniendi implica el máximo nivel de cooperación penal entre estados. De ahí que la extradición, en cuanto susceptible de causar una lesión irreparable en la libertad del sujeto o en otros valores fundamentales protegidos constitucionalmente, constituya uno de los ejemplos más claros de colisión entre sistemas jurídicos, que no tienen porqué solventar de igual manera el difícil equilibrio entre los derechos fundamentales y la protección de la colectividad por medio de las normas penales y procesales penales. Esto explica que se haya reservado tradicionalmente la regulación de la extradición a convenios internacionales de carácter bilateral o multilateral, revestidos de unas especiales garantías y sometidos a unos rigurosos principios consolidados durante los siglos XIX y XX, que diferencian la extradición del resto de técnicas de asistencia jurídica internacional en materia penal.  (Abogado experto en extradiciones).

En el ámbito específico del Consejo de Europa destaca a este respecto el Convenio Europeo de Extradición de 1957 (en adelante, CEEx) -EDL 1982/8970-, el cual, junto con el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal de 1959 -EDL 1982/9561-, representan dos de los pilares básicos en que se asienta la cooperación jurídica en materia penal entre los estados europeos. El CEEx fue firmado en París el 13 de diciembre de 1957 y entró en vigor el 18 de abril de 1960, habiendo sido ratificado por los 47 estados miembros del Consejo de Europa, así como por Israel, la República de Sudáfrica y Corea (1). Posteriormente se han añadido tres protocolos adicionales al CEEx que, en parte, han modificado y, en parte, integrado las normas del Convenio (2). Además, España ha suscrito tratados bilaterales de extradición (algunos de los cuales son también tratados de asistencia judicial mutua en materia penal) con un total de 36 estados (3). De otro lado, como es sabido, en el ámbito de la Unión Europea se ha ido desarrollando en los últimos años un instrumento basado en el principio de reconocimiento mutuo y llamado a sustituir los procedimientos de extradición entre los estados miembros: la Orden europea de detención, regulada inicialmente por la Decisión Marco 2002/584/JAI de 13 junio 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre los estados miembros -EDL 2002/29426- (4). Este instrumento responde a los nuevos principios de cooperación judicial europea en materia penal, vinculados al concepto de “reconocimiento mutuo”, que lo diferencian del instituto clásico de la extradición, como son la cooperación directa entre autoridades judiciales mediante la supresión de la intervención gubernativa, la supresión de la exigencia de doble incriminación para una parte importante de hechos delictivos y la reducción al mínimo de los motivos de denegación de la entrega, la creación de un documento único, sencillo y breve, que conlleva una disminución de trámites, la reducción de los plazos de tramitación y decisión, y la inclusión de mecanismos que agilizan la cooperación y la acción de la justicia.

II. Las fuentes del derecho de extradición en España.  (Abogado experto en extradiciones).

En lo que respecta a las fuentes internas en materia de extradición, la legislación española regula la institución en cuerpos legales diversos, según se trate de la extradición pasiva (esto es, aquélla en la que España aparece como estado requerido de extradición, que debe resolver sobre la entrega instada por el estado requirente) o la extradición activa (en la que España es el estado requirente que interesa la entrega de la persona reclamada de otro estado). Mientras que la extradición activa se regula en la LECrim. (arts. 824 a 833, encuadrados en el Título V del Libro IV, intitulado “del procedimiento para la extradición”) -EDL 1882/1-, la disciplina normativa de la extradición pasiva aparece recogida en el art. 13,3 de la Constitución Española (CE) -EDL 1978/3879- y en la Ley 4/1985, de 21 marzo, de Extradición Pasiva (en adelante, LEP) -EDL 1985/8075-.  (Abogado experto en extradiciones).

El art. 13,3 CE -EDL 1978/3879- dispone expresamente que “la extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad” y añade que “quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo”. La referencia a la concesión de la extradición en el precepto constitucional indica claramente que la modalidad de extradición regulada en el mismo es la pasiva. Respecto de ésta, las fuentes reguladoras son los tratados internacionales ratificados por España y la ley, que operan como normas habilitantes que autorizan la entrega de la persona reclamada. En este sentido se puede decir que el art. 13,3 CE consagra una cláusula de garantía que incorpora el principio nulla traditio sine lege, cuya vigencia en esta materia ha sido expresamente reconocida por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (5). La justificación de la garantía consagrada constitucionalmente obedece a razones relacionadas con el principio de seguridad jurídica. Se trata de que la extradición quede sometida a normas jurídicas y no simplemente a la voluntad de los estados afectados; de que la decisión de entrega que corresponde adoptar a las autoridades del estado requerido se subordine a la existencia de una norma adoptada por los legítimos representantes del mismo; y de que, en último término, se asegure a los destinatarios de la correspondiente norma un mayor grado de seguridad jurídica, en atención a la necesaria previsibilidad de las consecuencias derivadas de sus propios actos.  (Abogado experto en extradiciones).

En el ordenamiento español resulta pacífica la prelación de fuentes en materia de extradición pasiva, que se basa en la primacía de la norma convencional sobre la norma interna y que aparece expresamente recogida en el art. 1 LEP -EDL 1985/8075-, según el cual “las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradición pasiva se regirán por la presente ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que España sea parte”. En consecuencia, la fuente prevalente en materia de extradición pasiva la constituyen los tratados internacionales ratificados por España y publicados en el BOE (arts. 96,1 CE -EDL 1978/3879- y 1,5 CC -EDL 1889/1-), aplicándose la LEP en defecto de los mismos o supletoriamente, pero sin contradecirlos. En este sentido se han pronunciado de manera expresa la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y las propias resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (6).

[[QUOTE2:”…los tratados bilaterales, sin perjuicio de que mediante éstos se refuercen algunas disposiciones de los primeros.”]]  (Abogado experto en extradiciones).

No obstante, el establecimiento del criterio de prelación entre los diversos tratados en materia de extradición pasiva entraña una dificultad mayor, ya que ha de estarse a lo dispuesto en el articulado de los correspondientes tratados. En términos generales puede señalarse que los tratados multilaterales en materia de extradición prevalecen sobre los tratados bilaterales, sin perjuicio de que mediante éstos se refuercen algunas disposiciones de los primeros. Así, el art. 28 CEEx -EDL 1982/8970- declara expresamente que este Convenio abroga las disposiciones de los tratados bilaterales que regulan la materia de extradición entre dos estados contratantes, y solo permite a éstos concluir entre ellos nuevos convenios bilaterales con el fin de completar las disposiciones del propio convenio o de facilitar la aplicación de sus principios. De otro lado, en las relaciones entre los diversos convenios internacionales de carácter multilateral en el ámbito europeo, el texto básico lo constituye el ya citado CEEx del Consejo de Europa, el cual ha sido desarrollado mediante varios convenios celebrados en el marco de la Unión Europea (7).  (Abogado experto en extradiciones).

De otro lado, no cabe negar que el principio de reciprocidad juega un importante papel en lo relativo a la concesión de la extradición pasiva, como se desprende del tenor del art. 13,3 CE -EDL 1978/3879-. En este sentido el art. 1 pár. 2º LEP -EDL 1985/8075- establece que “en todo caso la extradición solo se concederá atendiendo al principio de reciprocidad” y que “el Gobierno podrá exigir una garantía de reciprocidad del estado requirente”. Esta norma puede ser interpretada en el sentido de entender que, en los supuestos en que España no tenga un tratado (bilateral o multilateral) con el estado requirente o en los que el tratado correspondiente no contemple el caso planteado, se podría conceder la extradición, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la LEP y que, además, el estado requirente realice una promesa de reciprocidad de comportarse de la misma manera cuando la extradición fuese requerida por España. El contenido de los arts. 13,3 CE y 1 pár. 2º LEP también lleva a la conclusión de que el principio de reciprocidad se constituye en una condición de aplicación de las fuentes principales de la extradición pasiva (el tratado internacional y la ley), de suerte que ésta solo pueda concederse cuando, además de resultar procedente con arreglo a las normas convencionales y/o legales, el estado requirente atienda en la práctica las solicitudes de extradición activa realizadas por las autoridades españolas.

La determinación del órgano jurisdiccional competente para conocer de la fase judicial del procedimiento de extradición pasiva se realiza por el art. 65,4 LOPJ -EDL 1985/8754-, que atribuye a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el conocimiento y fallo de los procedimientos judiciales de extradición pasiva, cualquiera que fuere el lugar de residencia o en que hubiese tenido lugar la detención de la persona reclamada. Este precepto se ve complementado por el art. 88 de la propia LOPJ, que atribuye a los Juzgados Centrales de Instrucción la tramitación de estos expedientes en los términos previstos en la ley; y por el art. 12 LEP -EDL 1985/8075-, que especifica la competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción en la fase de instrucción del expediente, incluyendo la posibilidad de que el Juzgado Central de Instrucción acceda definitivamente a la solicitud de extradición, si el reclamado lo consiente y no existen obstáculos legales que se opongan a ello (art. 12,2 1ª frase LEP). La centralización de las competencias en materia de extradición pasiva conlleva innegables ventajas de orden jurídico (especialización de los magistrados, uniformidad de la jurisprudencia o evitación de conflictos de competencia, por ejemplo) y práctico (mayor facilidad de acceso a intérpretes u otros medios materiales, facilitación de relaciones con los órganos gubernativos o judiciales del estado requirente, etc.).

En el caso de la extradición activa (esto es, aquella que se solicita por las autoridades españolas competentes con el fin de que el sujeto pasivo de la solicitud sea enjuiciado en un proceso penal seguido en España, o de que cumpla la pena o medida de seguridad impuesta en una sentencia de condena dictada en nuestro país) el sistema de fuentes es el determinado con carácter exclusivo por el art. 827 LECrim. -EDL 1882/1-, toda vez que el art. 13,3 CE -EDL 1978/3879- solo es aplicable a la extradición pasiva, como ya ha quedado expuesto. De acuerdo con aquel precepto, la extradición activa procederá: 1º) En los casos que se determinen en los Tratados vigentes con la potencia en cuyo territorio se hallare el individuo reclamado; 2º) En defecto de Tratado, en los casos en que la extradición proceda según el derecho escrito o consuetudinario vigente en el territorio a cuya nación se pida la extradición; 3º) En defecto de los dos casos anteriores, cuando la extradición sea procedente según el principio de reciprocidad. En consecuencia, los tratados o convenios internacionales ratificados por España (entre ellos el CEEx -EDL 1982/8970-) constituyen también la fuente prevalente en materia de extradición activa. Estos tratados suelen regular los requisitos de la extradición de modo unitario, con independencia de la posición que adopte cada estado parte respecto de una concreta petición de extradición (requirente o requerido). Esto supone que los requisitos de la extradición son normalmente objeto de tratamiento conjunto sin distinguir entre extradición activa y pasiva.

[[QUOTE2:”…en materia de procedimiento los convenios internacionales suelen no establecer disposiciones o remitirse expresamente a las legislaciones internas de los estados parte,…”]]

No obstante, en materia de procedimiento los convenios internacionales suelen no establecer disposiciones o remitirse expresamente a las legislaciones internas de los estados parte, salvo en algunos aspectos puntuales y generalmente mediante cláusulas facultativas. Por ello, respecto de las cuestiones de procedimiento se deberá atender a lo que prevén las normas nacionales, lo que exige distinguir entre las actuaciones a realizar en el estado requirente para solicitar la extradición (arts. 824 a 833 LECrim. -EDL 1882/1- en el caso de España), y las actuaciones a seguir en el estado requerido para que éste decida sobre la concesión de la extradición solicitada, en cuyo caso se aplicarán las normas internas de dicho estado.  (Abogado experto en extradiciones).

III. Ámbito objetivo del Convenio Europeo de Extradición

A diferencia de numerosos convenios bilaterales en la materia, el CEEx -EDL 1982/8970- no contiene una lista de delitos que den lugar a la extradición, sino que prevé la concesión de ésta en función de la gravedad del delito imputado con arreglo a un umbral mínimo, deducible de la pena prevista por la ley en términos abstractos o de la impuesta en el caso concreto, y de la circunstancia de que el hecho por el que se procede esté previsto como delito por la ley de los dos estados interesados (principio de doble incriminación). La circunstancia de que la extradición de un imputado o de un condenado se base en un límite cuantitativo mínimo de pena en lugar de en el nomen iuris del delito imputado constituye uno de los rasgos más significativos de estandarización de la institución con relación a algunos convenios bilaterales del siglo XIX. Así, de acuerdo con el art. 2,1 CEEx dan lugar a la extradición los hechos delictivos castigados con una pena privativa de libertad o con una medida de seguridad privativa de libertad cuya duración máxima sea, al menos, de un año, o con una pena más severa. En el caso de extradición posterior a una condena, ésta debe tener por objeto una pena o medida de seguridad de cuatro meses de duración como mínimo. En estos casos, siempre que se satisfaga también el requisito de la doble incriminación y salvo ciertas excepciones que se contemplan en los artículos siguientes del Convenio, el estado requerido tiene la obligación de extraditar al imputado o condenado (8). En el caso de que la solicitud de extradición haga referencia a varios hechos, algunos de los cuales no satisfagan el requisito relativo a la gravedad de la pena prevista por la ley o de la ya impuesta, el estado requerido tendrá la facultad (pero no la obligación) de acordar la extradición respecto de estos últimos. A este respecto el segundo Protocolo Adicional al CEEx ha previsto en su art. 1 -EDL 1985/7879- la extensión de la extradición accesoria también respecto de los delitos sancionados únicamente con pena pecuniaria.

Desde la perspectiva del derecho interno español, la LEP (art. 2 pár. 1º -EDL 1985/8075- conforme al cual “se podrá conceder la extradición por aquellos hechos para los que las leyes españolas y las de la parte requirente señalen una pena o medida de seguridad cuya duración no sea inferior a un año de privación de libertad en su grado máximo o a una pena más grave; o cuando la reclamación tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privación de libertad por hechos también tipificados en la legislación española”) responde -al igual que el CEEx (EDL 1982/8970)- a un sistema de numerus apertus. Este sistema limita o elimina algunos de los inconvenientes propios del sistema de listado por nomen iuris de delitos imputados, como los derivados de los cambios de calificación de los hechos después de realizada la entrega, o de la rigidez del sistema, que no permitiría la concesión de la extradición respecto de las nuevas figuras delictivas que se fuesen tipificando.

El principio de doble incriminación, en los supuestos de extradición pasiva (en los que España es el estado requerido), impone comprobar la tipicidad de los hechos, tanto conforme al derecho del estado requirente, como conforme a la legislación española. La primera comprobación exige conocer el derecho extranjero, por lo que el art. 7,1 c) LEP -EDL 1985/8075- (de forma paralela al art. 12,2 c) CEEx -EDL 1982/8970-) impone que la solicitud formal de extradición vaya acompañada de una copia de los textos legales que resulten aplicables. No obstante, es posible que esos textos no sean suficientes, como puede suceder con el derecho de los estados encuadrados en la tradición del common law, cuyo ordenamiento penal sustantivo no está íntegramente contenido en leyes en sentido formal (statutes, Acts of Parliament). En estos casos la jurisprudencia española considera que el requisito de la doble incriminación se cumple cuando el hecho resulta punible conforme a una norma en vigor (incluyendo los correspondientes precedentes jurisprudenciales) y, consecuentemente, viene exigiendo un informe jurídico sobre todo el derecho extranjero que resulte aplicable, tanto si es escrito como si no lo es (9).  (Abogado experto en extradiciones).

Por otra parte, a los efectos de la calificación jurídica que deben realizar los órganos jurisdiccionales del estado requerido conforme a su derecho interno, lo verdaderamente relevante es que la conducta delictiva sea subsumible en algún tipo penal de la legislación del estado requerido, sin que sea necesaria la coincidencia terminológica o de nomen iuris de la figura delictiva, ni la identidad entre los tipos delictivos, aunque sí es necesario que concurran todos los elementos -tanto objetivos como subjetivos- de algún tipo español. Un supuesto problemático se produce cuando los hechos delictivos por los que se solicita la extradición constituyen varios delitos autónomos en el derecho interno del estado requirente, mientras que en la legislación penal sustantiva española se configuran como un subtipo agravado de un único delito (por ejemplo, el delito de tráfico de estupefacientes agravado por haberse cometido por un grupo organizado -arts. 368 y 369,1,2ª CP (EDL 1995/16398)- que constituye dos delitos distintos en la legislación sustantiva italiana y de otros estados europeos: tráfico de drogas y asociación ilícita para la comisión del tráfico de drogas). En estos casos la jurisprudencia española ha evolucionado desde una posición inicial que, al amparo del principio de doble incriminación, consideraba inviable la concesión de la extradición por el delito no tipificado por el ordenamiento español de forma independiente hasta una corriente más reciente (y consolidada) que considera suficiente, a los efectos de conceder la extradición, que los distintos hechos que fundamentan la petición de extradición estén tipificados en ambos ordenamientos, independientemente de que no exista identidad de tipos, y aunque en el derecho español dichos hechos integren un subtipo respecto del tipo básico de la figura delictiva correspondiente (10).  (Abogado experto en extradiciones).

IV. Excepciones a la obligación de conceder la extradición

El CEEx -EDL 1982/8970- contempla varias excepciones al principio general que obliga a conceder la extradición de quienes sean acusados de un delito de una determinada gravedad que esté tipificado en la legislación de los dos estados interesados (art. 1). Dichas excepciones pueden basarse en la legislación del estado requerido (art. 2,3), en la naturaleza del delito imputado –se excluyen de la extradición, de hecho, los delitos políticos y los militares, y en un primer momento podían serlo los fiscales (arts. 3 a 5)–, en cualidades inherentes al autor –el estado requerido puede denegar la entrega de sus propios nacionales (art. 6)– o bien pueden venir determinadas por la posibilidad de que la acción penal ejercida en el estado requirente sea paralela a una acción análoga en el estado requerido o de que la acción penal o la pena se hayan extinguido por prescripción (arts. 7 a 10), o de la circunstancia de que en el estado requirente se pueda aplicar la pena capital, no prevista por la legislación del estado requerido (art. 11). Además, cabría considerar una excepción complementaria basada en la constatación de que en el proceso penal en el que se hubiera impuesto la pena o medida de seguridad en el estado requirente no se hubieran respetado los “derechos mínimos de defensa” (art. 3 del segundo Protocolo Adicional -EDL 1985/7879-). Sin embargo, entre los motivos que pueden fundar la denegación de la extradición no se incluye la ausencia de pruebas o de indicios graves de criminalidad en contra de la persona requerida, de acuerdo con el derecho del estado requerido, a diferencia de lo que preveían numerosos convenios bilaterales de extradición concertados en el siglo XIX. La razón explicativa de esta exclusión radica en la circunstancia de que la solicitud de extradición debe ir acompañada de un título adecuado emitido por el estado requirente (original o copia auténtica de la resolución ejecutoria de condena o del mandamiento de detención), que justifique el arresto de la persona reclamada (art. 12,2 a).

[[QUOTE2:”…la solicitud de extradición debe ir acompañada de un título adecuado emitido por el estado requirente (…), que justifique el arresto de la persona reclamada…”]]  (Abogado experto en extradiciones).

Como ya se ha adelantado, el art. 2,3 CEEx -EDL 1982/8970- autoriza a los estados parte a excluir del ámbito de aplicación del Convenio aquellos delitos respecto de los que la legislación interna no autoriza la extradición, aunque se satisfagan los requisitos generales vinculados a la gravedad de la pena prevista por la ley y a la doble incriminación. En este caso, en el momento de depositar el instrumento de ratificación del Convenio, cada estado debe notificar al secretario general del Consejo de Europa una lista de delitos por los cuales la extradición queda autorizada o excluida, con expresión de las disposiciones legales que autoricen o excluyan la extradición, lo que permitiría a los restantes estados parte acogerse a la regla de reciprocidad en relación con el estado que ha excluido algunos delitos del ámbito de aplicación del Convenio. Se impone la misma obligación al estado parte en caso de modificación posterior de la lista de los delitos por los que su propia legislación permite o excluye la extradición. España no ha realizado ninguna declaración expresa al amparo del art. 2,3 CEEx en el sentido de excluir del ámbito de aplicación del Convenio algunos delitos respecto de los que la legislación interna no autoriza la extradición, pero sí que ha formulado una declaración expresa, contenida en el instrumento de ratificación de 21 de abril de 1982, anunciando la aplicación de la regla de reciprocidad en relación con el estado que haya excluido algunos delitos del ámbito de aplicación del CEEx en virtud de aquel artículo.

El CEEx excluye la extradición en el caso de delitos políticos y hechos conexos (art. 3,1 -EDL 1982/8970-), así como cuando el estado requerido tenga “razones fundadas para creer que la solicitud de extradición, motivada por un delito de naturaleza común, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas, o que la situación de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por una u otra de tales consideraciones” (art. 3,2). Ni el art. 3 CEEx ni el art. 1 del primer Protocolo Adicional -EDL 1985/7878- al mismo mencionan expresamente los delitos de terrorismo entre aquellos que no pueden tener la consideración de delitos políticos a los efectos de quedar excluidos de la extradición al amparo del art. 3,1 del Convenio. Por esta razón, el Estado español, en el instrumento de ratificación, formuló una reserva al art. 3 del Convenio señalando que “a los efectos de la extradición (…) los actos de terrorismo no se considerarán delitos políticos”. Esta declaración de España está en plena consonancia con el art. 13,3 CE -EDL 1978/3879- conforme al cual “quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo”. Ha de destacarse, además, que la regulación de la LEP guarda una correlación evidente con el contenido del art. 3 CEEx y del art. 1 del primer Protocolo Adicional en lo que respecta a los delitos que no son considerados políticos (crímenes de lesa humanidad previstos en el Convenio de Naciones Unidas para la prevención y sanción del delito de genocidio, delitos contra las leyes de guerra previstos en los Convenios de Ginebra sobre la materia, y violaciones análogas de las leyes y de las costumbres de la guerra). Así, el art. 5,1º LEP -EDL 1985/8075- reproduce la norma del art. 3,2 CEEx, y el art. 4,1º LEP recoge, entre los delitos respecto de los que no se concederá la extradición, los mencionados en el art. 3,3 CEEx y algunos de los enumerados en el art. 1 del primer Protocolo Adicional.

En relación con la delincuencia fiscal el texto original del art. 5 CEEx -EDL 1982/8970- preveía la extradición de personas imputadas por esta clase de delitos únicamente si las partes contratantes lo hubiesen decidido así para cada delito o categoría de delitos en concreto. El art. 5 CEEx se modificó en el momento de la aprobación del segundo Protocolo Adicional del Convenio, toda vez que el art. 2 -EDL 1985/7879- de este instrumento prevé la obligación de conceder la extradición cuando se impute un delito ”en materia de tasas e impuestos, de aduana y de cambio”, siempre que se respete la condición de la doble incriminación, incluso aunque la legislación del estado requerido no imponga el mismo tipo de impuestos o de tasas o no regule la materia de forma análoga a la legislación del estado requirente.

El art. 6 CEEx -EDL 1982/8970- atribuye a toda parte contratante la facultad de denegar la extradición de sus propios nacionales, pudiendo proporcionar mediante la correspondiente declaración hecha en el momento de la firma o del depósito del instrumento de ratificación o de adhesión su propia definición del requisito de la nacionalidad (apto. 1 b). La cualidad de nacional, relevante a los efectos de excluir la extradición, debe subsistir en el momento de la decisión sobre la solicitud de extradición, de acuerdo con lo previsto en el art. 6,1 c) CEEx. En el supuesto de que no se concediese la extradición de un nacional del estado requerido, éste, a instancia del estado requirente, deberá someter el asunto a sus propias autoridades competentes, a fin de que pueda procederse judicialmente contra el nacional no extraditado (principio aut dedere aut iudicare). El CEEx prevé a estos efectos la remisión gratuita al Ministerio de Justicia de la parte requerida de “los documentos, informaciones y objetos relativos al delito”, debiendo informarse a la parte requirente del resultado que hubiese obtenido su solicitud (art. 6,2).  (Abogado experto en extradiciones).

En lo que respecta a España, en el momento de la ratificación del Convenio se formuló una declaración a los efectos del art. 6 del mismo -EDL 1982/8970- indicando que nuestro país considerará españoles a las personas que ostenten esta condición con arreglo al Título I del Libro I del CC -EDL 1889/1-. De otro lado, el art. 3 LEP -EDL 1985/8075- establece el principio general de no extradición de los ciudadanos españoles, aunque excepcionalmente autoriza la entrega de quienes hayan adquirido la nacionalidad española con el propósito fraudulento de imposibilitar la extradición. De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, corresponde al Ministerio Fiscal la prueba del ánimo fraudulento en la adquisición de la nacionalidad (11). La LEP (art. 3,1) configura la decisión sobre la nacionalidad como una cuestión prejudicial civil no devolutiva. Además, de forma coherente con el art. 6,2 CEEx y con el principio aut dedere aut iudicare, el art. 3,2 LEP establece un mecanismo enderezado a atenuar el riesgo de impunidad en los casos de denegación de la extradición de los nacionales españoles. En estos casos, si el estado reclamante así lo pidiere, “el Gobierno español dará cuenta del hecho que motivó la demanda del Ministerio Fiscal a fin de que se proceda judicialmente, en su caso, contra el reclamado”; además, “si así se acordare, solicitará del Estado requirente que remita las actuaciones practicadas o copia de las mismas para continuar el procedimiento penal en España”.  (Abogado experto en extradiciones).

La circunstancia de que España no haya formulado ninguna reserva al art. 6 CEEx -EDL 1982/8970- contrasta con el principio general de no extradición de los nacionales consagrado en el art. 3 LEP -EDL 1985/8075- y plantea el problema de resolver sobre la viabilidad de la extradición de los ciudadanos españoles, cuando ésta hubiera sido solicitada al amparo del Convenio. Una posición doctrinal minoritaria (inicialmente acogida por la Sala Penal de la Audiencia Nacional) considera que el carácter facultativo del art. 6,1a) CEEx y el carácter imperativo de la prohibición de extradición de los nacionales españoles ex art. 3,1 LEP impediría al tribunal español la entrega de un nacional. Sin embargo, la posición doctrinal mayoritaria concluye que el Convenio es de aplicación preferente a la LEP, por lo que no podrá denegarse la extradición de nacionales españoles si existe una absoluta garantía del principio de reciprocidad por parte del estado reclamante. Esta tesis ha acabado por ser acogida por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, y no ha sido considerada arbitraria o irrazonable por el Tribunal Constitucional (12).  (Abogado experto en extradiciones).

[[QUOTE2:”…el Convenio es de aplicación preferente a la LEP, por lo que no podrá denegarse la extradición de nacionales españoles si existe una absoluta garantía del principio de reciprocidad por parte del estado reclamante.”]]

Los arts. 7 a 10 CEEx -EDL 1982/8970- prevén que el estado requerido tenga la facultad de denegar la extradición por motivos inherentes a la concurrencia de su propia jurisdicción con la del estado requirente. El primer supuesto es el contemplado en el art. 7,1 CEEx, el cual se refiere a los delitos que, según la legislación del estado requerido, se hayan cometido total o parcialmente en su propio territorio o en un lugar asimilado a éste. El art. 7,2 CEEx, por su parte, dispone que cuando el estado requirente ejerza la acción penal por un hecho cometido fuera de su propio territorio, el estado requerido puede denegar la entrega en el caso de que su legislación no autorice la persecución de un delito del mismo género cometido fuera de su territorio nacional. Se trata, evidentemente, de un principio especular al de la doble incriminación, por lo que el requisito falta en la medida en la que la posibilidad de sancionar un hecho cometido fuera del territorio del estado requirente no esté prevista también por la legislación del estado requerido. En el ámbito interno español la facultad de que España deniegue la extradición por motivos inherentes a la concurrencia de su propia jurisdicción con la del estado requirente aparece contemplada en el art. 3 LEP -EDL 1985/8075-, en el que se consagra el principio de prevalencia de la propia competencia.  (Abogado experto en extradiciones).

El CEEx -EDL 1982/8970- también atribuye a la parte requerida la facultad de denegar la extradición cuando su propia autoridad judicial esté actualmente procediendo (art. 8) o bien haya decidido no incoar o poner fin a un procedimiento ya abierto (art. 9,1 in fine) contra la misma persona y por el mismo hecho objeto de la solicitud de extradición. Además, el art. 9,1 inciso inicial CEEx impone la denegación de la extradición “cuando la persona reclamada hubiera sido definitivamente sentenciada por las autoridades competentes de la parte requerida, por el hecho o hechos motivadores de la solicitud de extradición”. Se trata de la aplicación del mismo principio de soberanía al que se refiere el art. 7 CEEx, reforzado aquí por la existencia de un procedimiento pendiente o concluido sobre el mismo hecho y con relación a la misma persona (principio ne bis in idem). La facultad de denegar la extradición cuando la autoridad judicial de la parte requerida esté actualmente procediendo, al amparo del art. 8 CEEx, se ve complementada en el ámbito interno por el art. 4,5 LEP -EDL 1985/8075-. Este precepto prevé que no se conceda la extradición cuando la persona reclamada esté siendo juzgada en España por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradición. En cualquier caso, la regla opera en el caso de que los dos procesos penales pendientes (el seguido en el estado requirente y el seguido en España) se refieran a los mismos hechos, ya que si se refieren a hechos distintos será de aplicación el art. 19,2 LEP, que prevé una alternativa similar a la que recoge el art. 19 CEEx: aplazar la entrega de la persona reclamada hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en España o efectuar una entrega temporal en las condiciones que se fijen de acuerdo con el estado requirente.

El art. 10 CEEx -EDL 1982/8970- prevé que no se conceda la extradición si se hubiera producido la extinción por prescripción de la acción penal o de la pena, con arreglo a la legislación de la parte requirente o la de la parte requerida. Esta causa de denegación de la entrega se refiere al derecho penal sustantivo, al igual que la causa prevista por el art. 11 CEEx, que permite denegar la extradición si el interesado pudiese enfrentarse a la pena capital. En este último caso, el CEEx no contiene una prohibición de entrega sino que recoge la facultad de denegación de la extradición por parte del estado requerido si en su ordenamiento no está prevista la pena capital o ésta no se ejecuta generalmente, siempre que no reciba del estado requirente las suficientes garantías de que la pena capital no será ejecutada. Ha de señalarse que esta norma ha perdido relevancia por la progresiva abolición de la pena capital en casi todos los estados miembros del Consejo de Europa. De hecho, el art. 1 del sexto Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (en adelante, CEDH) -EDL 1979/3822-, abierto a la firma en 1983, ha abolido la pena de muerte en todos los estados parte en el mismo (todos los estados del Consejo de Europa, con la única excepción de la Federación Rusa, que, pese a firmar el protocolo en 1997, no ha llegado a ratificarlo hasta ahora). El sistema de concesión condicionada de la extradición en los supuestos en que el hecho en que se basa la solicitud de extradición fuera castigado con la pena capital en el derecho del estado requirente también está recogido en el art. 4,6º LEP -EDL 1985/8075-, que prevé que no se conceda la extradición “cuando el estado requirente no diera la garantía de que la persona reclamada de extradición no será ejecutada o que no será sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes”. La regulación de la ley interna española supera la del Convenio, toda vez que también condiciona la concesión de la extradición a las garantías de que la persona reclamada no será sometida a penas que menoscaben su integridad corporal o impliquen tratos inhumanos o degradantes. No obstante, la circunstancia de que España, al formular su reserva respecto del art. 11 CEEx, no se hubiera eximido de la obligación de extraditar en este segundo supuesto plantea el problema de la discordancia entre la norma convencional y la norma interna en este punto.

[[QUOTE2:”…el CEEx no contiene una prohibición de entrega sino que recoge la facultad de denegación de la extradición por parte del estado requerido si en su ordenamiento no está prevista la pena capital o ésta no se ejecuta generalmente,…”]]

Un supuesto que frecuentemente ha planteado problemas en los tribunales españoles es el referido a la extradición de la persona reclamada para el cumplimiento de una pena impuesta tras un proceso penal seguido en ausencia en el estado requirente. El art. 3 del segundo Protocolo Adicional al CEEx -EDL 1985/7879- regula este supuesto, atribuyendo al estado requerido la facultad de denegar la extradición que tenga por objeto la ejecución de una pena o de una medida de seguridad en el caso de que la condena se haya dictado tras un juicio en rebeldía, siempre que, según el parecer del estado de refugio, el proceso que se hubiera seguido en el estado requirente no hubiera “satisfecho los derechos mínimos de defensa reconocidos a cualquier persona acusada de un delito”. Se trata de una causa de denegación vinculada al derecho de toda persona a un proceso justo, tal y como prevé el art. 6 CEDH -EDL 1979/3822-. Los trabajos preparatorios del CEEx remiten a lo dispuesto en el art. 21,2 del Convenio Europeo sobre la Validez Internacional de las Sentencias Penales, de 28 mayo 1970 -EDL 1994/17328-, para la determinación del concepto de proceso en rebeldía. Ello supone que se considera celebrado en rebeldía aquel proceso en cuyas audiencias no hubiera participado personalmente el imputado. En este caso, la parte requerida debe tener la posibilidad de comprobar si se han respetado los derechos mínimos de defensa, como los previstos, en especial, en el art. 6,3 CEDH complementado por la Resolución (75) 11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, que recomienda a los estados miembros la adopción de la regla mínima según la cual “nadie puede ser sometido a juicio sin que previamente se le haya hecho llegar una citación a tiempo y efectiva”. En el caso de que los derechos mínimos de defensa así definidos no se consideren suficientemente respetados, el estado requerido puede denegar la extradición a menos que el estado requirente dé una garantía, considerada suficiente por aquél, del derecho a la celebración de un nuevo procedimiento que respete íntegramente los derechos de defensa. Se trata de una garantía que debe preservar no la mera posibilidad sino la efectividad de un nuevo juicio del condenado en rebeldía, aunque la norma del segundo Protocolo Adicional prevé que el interesado opte por aceptar la sentencia ya dictada en rebeldía en contra de él en el estado requirente, la cual será ejecutada, o por instar la celebración de un nuevo juicio en el que se asegure su presencia (art. 3,1 in fine). En cualquier caso, si el estado requirente proporcionara dicha garantía sobre el estado requerido pesará la obligación de conceder la extradición. (Abogado experto en extradiciones).

El art. 3 del segundo Protocolo Adicional -EDL 1985/7879- tiene su equivalente en los arts. 2 pár. 3º y 4.7º LEP -EDL 1985/8075-, de cuya interpretación conjunta se concluye que si la solicitud de extradición se funda en una sentencia dictada en ausencia del reclamado, por la que éste haya sido condenado a una pena que, conforme a la legislación española, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente en el juicio oral, solo se concederá la extradición a condición de que el estado requirente “ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido a nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido”. La regulación interna no es plenamente coherente con el contenido del art. 3 del segundo Protocolo Adicional, en la medida en que aquélla condiciona la concesión de la extradición a que el estado requirente ofrezca garantías suficientes de que el reclamado será sometido necesariamente a un nuevo juicio en el que deberá estar presente y debidamente defendido, mientras que, como ya ha quedado expuesto, este último precepto establece la obligación del estado requerido de conceder la extradición, con tal de que el estado requirente dé seguridades de que se ofrecerá a la persona reclamada el derecho a un nuevo juicio, sin que sea necesario su ejercicio.

En general, la doctrina y la jurisprudencia de la Audiencia Nacional han venido considerando que la garantía de sometimiento al reclamado a un nuevo juicio (que se menciona tanto en la norma convencional como en la norma interna) no exige necesariamente la reproducción del juicio de primera instancia, por lo que ha de entenderse cumplida cuando el extraditado puede valerse de una adecuado sistema de recursos, en el que se posibilite la realización de alegaciones o la práctica de medios probatorios (13). Por su parte, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha señalado que “es contrario a las exigencias del art. 24,2 CE -EDL 1978/3879-, y que constituye una vulneración indirecta de este precepto, acceder a la extradición a países que, en casos de delito muy grave, den validez a las condenas en ausencia, sin someter la entrega a la condición de que el condenado pueda impugnarlas para salvaguardar sus derechos de defensa”, toda vez que “de la no comparecencia voluntaria del acusado al acto del juicio no puede inferirse una renuncia voluntaria al derecho de autodefensa, porque la comparecencia en tales casos implica normalmente el ingreso en prisión y, por consiguiente, una constricción en virtud de la cual no cabe otorgar a la falta de comparecencia valor de renuncia” (14). En algunas de las resoluciones en que se recoge esta doctrina se considera vulnerado el derecho de los recurrentes en amparo a un proceso con todas las garantías en relación con el derecho de defensa (art. 24,2 CE), por haberse declarado procedente la extradición a Italia para el cumplimiento de una condena por delito grave impuesta tras un juicio celebrado en ausencia, sin condicionar la autorización de la entrega a que, mediante un nuevo proceso, se dieran al reclamado las posibilidades de impugnación suficientes para salvaguardar sus derechos de defensa. (Abogado experto en extradiciones).

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)