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Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo

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Telefono de urgencias

La reforma operada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, generalizó la segunda instancia penal, influenciada en buena medida por varios dictámenes del Comité de Derechos Humanos de la ONU en tal sentido, residenciándose, a tal efecto, en las Salas de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, la segunda instancia penal respecto de las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales; también se creó una sala de apelación en la Audiencia Nacional. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

Pero lo cierto es que en estos doce años no se había cumplido el mandato de adecuación de las normas procesales previsto en esta reforma de 2003, algo que se ha hecho ahora con la Ley 41/2015, en la que se contempla una apelación similar a la actual, pero generalizada. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

2. ¿Por qué según el sistema anterior a esta reforma unas sentencias podían ser objeto de una revisión más amplia a través del recurso de apelación – las dictadas por los juzgados de lo penal – y otras, en cambio, sólo podían ser objeto de una revisión, en principio más estrecha, a través del recurso de casación?

Básicamente, porque se entendía que las sentencias dictadas por un órgano unipersonal requerían de una revisión más amplia que aquellas otras dictadas por un órgano colegiado.

Y como en el momento en que se introdujo el procedimiento abreviado[7] se querían limitar las intervenciones del Tribunal Supremo, sobre el que recaía una pesada carga de trabajo, no se contempló ningún mecanismo para la unificación, por lo que quedaron al margen de este Tribunal numerosos delitos, originándose una falta notable de seguridad en la aplicación de esos delitos, algo que ahora, con la reforma queda resuelto, al posibilitarse el acceso al recurso de casación de todos los delitos. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

3. En cuanto al alcance de la apelación, es decir, de la revisión a llevar a cabo, no hay previsión en nuestro sistema de repetición de juicio, que naturalmente sí es posible en los casos excepcionales de nulidad por un quebrantamiento de forma que lo exija[8], posibilidad ésta que no tiene que ver con la configuración de la apelación.

Sigue vigente, pues, lo dispuesto en el art. 790.3 LECrim., no modificado por la Ley 41/2015, que en materia probatoria sólo prevé que puedan solicitarse en apelación, por cualquiera de las partes, bien las acusadoras, bien la defensa, aquellas pruebas que no se pudieron proponer en la primera instancia, por ignorar su existencia, o de las que ya se propusieron pero fueron indebidamente denegadas, o no practicadas por causas no imputables al proponente, justificando siempre la relevancia de la prueba. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

Y la vista, que está regulada en el art. 791, que tampoco ha sido modificado por la Ley 41/2015, podrá celebrarse si se ha admitido la práctica de prueba, y cuando el Tribunal lo estime útil o necesario para la correcta formación de una convicción fundada. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

Sin embargo, durante mucho tiempo, a pesar de no repetirse el juicio, las Audiencias venían llevando a cabo una revisión amplia de la sentencia de instancia, tanto de las cuestiones de derecho como de las de hecho; se entendía que la apelación suponía un novum iudicium, aun sin repetición del juicio, sin tener en cuenta que no es posible formarse una convicción apoyándose en la declaración de testigos que no se han visto ni oído declarar, como así lo confirmó la Sentencia del Tribunal Constitucional 167/2002, que vino a decir que las cuestiones de hecho no podían ser revisadas sin respetar el principio de inmediación, que exige la percepción sensorial directa de la producción de la prueba.

El Tribunal Constitucional, en esta importante sentencia, dejó claro que la inmediación es una condición constitucional de valoración de la prueba, que rige no sólo para el juez de lo penal sino también para el tribunal de apelación y, por supuesto, para el tribunal de casación. En verdad, si no fuera así no tendría sentido la distinción entre instrucción y juicio. El Tribunal Constitucional dijo que los principios de inmediación y contradicción forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías[9]. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

4. Se ha llegado a decir que sólo una repetición del juicio sería coherente con los compromisos internacionales, pero lo cierto es que lo que reconoce el Pacto Internacional de Derechos Civiles (Nueva York, 1966), a toda persona declarada culpable de un delito, es “el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley” (art. 14.5.), siempre mediante “un recurso efectivo” (art. 2.3 a).

El referido Pacto, pues, no reconoce ningún derecho a una segunda instancia, sino un derecho, no por ello menos efectivo, a la revisión del fallo condenatorio y la pena mediante un recurso efectivo ante un Tribunal superior. Algo que puede cumplirse perfectamente a través de una casación ampliada como la que venimos teniendo hasta el momento.

Por tanto, no es necesario que el recurso de apelación suponga la repetición del juicio. Es más, la experiencia de otros países desaconseja esta opción, entre otras razones, porque las posibilidades probatorias con el paso del tiempo se perjudican cada vez más, y porque, además, la existencia de una plena segunda instancia devalúa en exceso la primera instancia.

5. En España hemos tenido hasta la reforma de 2015 un sistema en el que era posible el recurso de apelación contra sentencias de delitos no graves, dejando reservados los graves al recurso de casación, perfectamente compatible con el Pacto de Nueva York, pues éste – insisto – lo único que exige es que el recurso sea efectivo, aunque se venía echando en falta un cauce que permitiera al Tribunal Supremo mantener también en aquellos delitos la unidad del orden jurídico.

Ahora, a partir de la reforma operada por la Ley 41/2015, se prevé el recurso de apelación contra todas las sentencias penales (salvo para los aforados), articulándose además, como se verá, un sistema que permite que el alto Tribunal pueda elaborar jurisprudencia en relación a todos los delitos.

En concreto, los órganos judiciales competentes para el conocimiento del recurso de apelación son:

– Las Audiencias Provinciales respecto a las sentencias dictadas por los Juzgados de lo Penal, así como respecto de las dictadas por los Juzgados de Instrucción en juicio por delitos leves, en cuyo caso la Sala se constituirá con un solo magistrado; naturalmente, la ejecución corre a cargo de quien haya dictado la sentencia que deviene firme.

– Las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, actuando como Salas de lo Penal, respecto a las dictadas en primera instancia por las Audiencia Provinciales; esas Salas se constituirán con tres  magistrados. Aquí se prevé la posible creación de una o más secciones, e incluso de una Sala de lo Penal en aquellas capitales que ya sean sedes de otras salas del Tribunal Superior, a los efectos de conocer de los recursos de apelación contra sentencias de las Audiencias Provinciales y otros recursos previstos en la ley. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

– La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional respecto a las sentencias dictadas por la Sala de lo Penal de esta Audiencia; esas Salas se constituirán con tres magistrados. (Abogado especialista recurso casación Tribunal Supremo).

 

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