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Abogado especialista delitos societarios

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Telefono de urgencias

Se denominan delitos societarios al grupo de delitos que castigan las infidelidades y abusos de poder llevados a cabo por sus administradores en perjuicio de la sociedad, de sus socios o de terceros. Se protege así la adecuada administración de las sociedades y, en definitiva, uno de los ámbitos socioeconómicos más relevantes en nuestro Estado. Este sería el bien jurídico llamado categorial, es decir, común a todos los tipos penales, que luego puede concretarse en cada uno de los mismos. Así en el tipo del artículo 290 del Código Penal se protege la claridad y transparencia de la información societaria, en el artículo 291 del Código Penal el patrimonio social y el desenvolvimiento normal de las sociedades en la toma de decisiones, que también se vislumbra en el tipo del artículo 292 del Código Penal. En el delito del artículo 293 del Código Penal se vela por el respeto de los derechos sociales de los partícipes. El tipo penal del artículo 294 del Código Penal ampararía a la Administración Pública en su labor inspectora y de control de sociedades, que indirectamente también es proteger la sociedad misma y su significación socioeconómica. Finalmente el artículo 295 Código Penal reacciona ante la infracción fraudulenta de los deberes de fidelidad debida de los administradores. (Abogado especialista delitos societarios).

En el siglo XIX se rechazó en Francia, aunque en menor medida en el extranjero, particularmente en la doctrina del common law en el derecho anglosajón, la idea de una responsabilidad penal de las agrupaciones. Se afirmaba “societas delinquere non potest” (las sociedades no pueden delinquir). A fines del siglo XIX y de manera cada vez más acentuada a lo largo del siglo XX, se produce un fenómeno nuevo, fundamental. Con el desarrollo de la economía surge el derecho penal económico en el que las disposiciones penales son cada vez más numerosas, entre otras materias, en materia de sociedades. El principio de la responsabilidad penal de las sociedades como instrumentos o “autoras” de delitos, y los delitos cometidos dentro de dichas sociedades son introducidos en numerosas legislaciones y defendidos en numerosos Congresos Internacionales (Bucarest en 1929, Roma en 1953, Budapest en 1978). El movimiento se acentuó con la Resolución adoptada en el Cairo, en el XIII Congreso de la Asociación Internacional de Derecho Penal y con las Recomendaciones 81/12 y 88/18 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la criminalidad económica, que recomiendan, a los Estados participantes a hacer uso de penas privativas de libertad en los casos más graves de delincuencia económica, a tomar medidas para que las penas pecuniarias se adapten a la situación económica de los delincuentes económicos y a la gravedad de los hechos cometidos y, finalmente, a hacer uso de las penas de inhabilitación de los autores para el ejercicio de funciones en sociedades y entidades mercantiles. (Abogado especialista delitos societarios).

Esta evolución también se ha producido en España, cuyo primer paso fue el establecimiento de un del régimen legal de la responsabilidad de los administradores con la Reforma del Código Penal llevada a cabo el año 1983 (Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio), que introdujo el artículo 15 bis, estableciendo por vez primera el criterio de la responsabilidad personal del Directivo u Órgano de la persona jurídica, así como la de quien actuara como representante legal o voluntario de la misma, aunque no concurrieran en dichas personas u órganos, pero si en la sociedad cuyo nombre y representación actuaban, las condiciones que la correspondiente figura del delito requiere para ser sujeto activo del mismo. Pero ha sido el Código Penal de 1995, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, el que, además de mantener y consolidar la figura de la responsabilidad que se había introducido en el artículo 15 bis en el artículo 31, introdujo en el Título XIII, dentro de los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico, un Capítulo XIII titulado “De los delitos societarios”, artículos 290 a 297 en que se castigan una serie de comportamientos heterogéneos que se cometen en el seno de las sociedades por parte de los administradores o socios de las mismas. (Abogado especialista delitos societarios).

2. Elementos comunes

a) Concepto de sociedad

El artículo 297 del Código Penal establece que a los efectos de este Capítulo XIII se entiende por sociedad toda cooperativa, Caja de Ahorros, mutua, entidad financiera o de crédito, fundación, sociedad mercantil o cualquier otra entidad de análoga naturaleza que para el cumplimiento de sus fines participe de modo permanente en el mercado. Se da un concepto muy amplio de sociedad y se hace una ejemplificación al enumerar una serie de supuestos a modo de lista abierta a otros al terminar con la cláusula “o cualquier otra entidad de análoga naturaleza”. Si está claro que están incluidas todas las llamadas sociedades mercantiles, se discute si están incluidas formas societarias civiles como asociaciones, comunidades de propietarios, sociedades civiles, o incluso entidades o agrupaciones que no tiene personalidad jurídica propia (capacidad de actuar en el tráfico jurídico con independencia de sus integrantes o componentes) como son las comunidades de bienes, los patrimonios separados, etc. La opinión mayoritaria está en la línea de exigir, al menos, personalidad jurídica independiente al ente para poder considerarse sociedad a efectos penales. (Abogado especialista delitos societarios).

b) El administrador de hecho

Los distintos tipos penales que analizaremos equiparan como sujeto activo o autor de los hechos los administradores derecho a los administradores de hecho. Con este concepto se pretende no dejar fuera del castigo penal los usuales supuestos en que personas que no son formalmente o legalmente administradores de la sociedad, por no estar nombrados como tales, no formando parte, por tanto, del organigrama de la sociedad, como apoderados, por ejemplo, ni participando en los órganos de administración de la sociedad, son en realidad propietarios de la entidad y actúan en realidad “moviendo los hilos” societarios y manejando la sociedad con un total poder de decisión, aunque sin constar en documento u operación alguna, valiéndose de “hombre de paja”, “testaferros” o personas interpuestas para materializar formal y legalmente su actuación. (Abogado especialista delitos societarios).

Existen dos interpretaciones de qué debe considerarse administrador de hecho. Para una concepción que se llama mercantilista, este será quien pudiendo serlo de derecho por reunir los requisitos de nombramiento, aceptación e integración en el órgano rector de la sociedad, sin embargo está afectado por un defecto de capacidad o una inhabilitación. Pero la otra interpretación, mucho más amplia, es la más aceptada, siendo coincidente con la caracterización expuesta en el párrafo anterior. (Abogado especialista delitos societarios).

c) Requisitos de perseguibilidad

El artículo 296 del Código Penal dispone que los hechos descritos en los tipos penales que estamos tratando, sólo serán perseguibles, es decir, sólo se pondrá en marcha el proceso penal, mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal. Se constituyen pues como delitos semiprivados en que la Administración de Justicia no actúa de oficio, sino impulsada por las víctimas de los hechos. Ello es debido a que, generalmente, los intereses que se pueden debatir no tienen un interés público muy relevante, siendo predominantemente privados. Por ello establece este mismo precepto que en los supuestos en que la realización del delito afecte a los intereses generales o a una pluralidad de personas, el delito se convierte en público y no es necesaria la denuncia para proceder por los Tribunales.

En el caso de que la víctima sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, y el delito sea semiprivado por no afectar a esos intereses supraindividuales, también podrá denunciar el Ministerio Fiscal.

II. DELITO DE FALSEDAD DOCUMENTAL SOCIETARIA

Previsto en el artículo 290 del Código Penal, establece que “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior”. Se estructura en los siguientes requisitos:

a)Sujeto activo del delito son sólo los administradores de derecho y de hecho (ya definidos en el apartado 1.2.2). Se trata de un delito llamado especial propio por cuanto no puede ser cometido por quien no tenga las especiales características previstas en el tipo penal. Si en la falsificación intervienen o la realizan quienes no son administradores de hecho o de derecho y falsifican la clase de documentos previstos en el tipo penal, estos extraños (por no ser administradores) son autores -directos, mediatos o coautores-, en su caso, de los delitos comunes correspondientes de falsedad documental (véase “Falsedades”). (Abogado especialista delitos societarios).

b)Sujeto pasivo del delito puede serlo la propia sociedad como ente, los socios individualmente considerados o terceros que hayan tenido o fueran a tener relaciones mercantiles con la sociedad.

c)El objeto material son las cuentas anuales u otros documentos que tienen por finalidad reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad. Hay que acudir, por tanto, a la normas del derecho mercantil o civil, según la naturaleza de la sociedad, así como a la legislación fiscal y administrativa, que determinen qué documentación jurídico-contable debe llevar la entidad societaria en cuestión, sobre la que podrá cometerse el delito.

d)La acción castigada está constituida por la actividad de falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de una sociedad constituida o en formación, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma. Los requisitos son los siguientes: (Abogado especialista delitos societarios).

•Falsear. La acción falsaria tiene que ser alguna de las previstas en el artículo 390 del Código Penal, es decir, a).-Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos de carácter esencial, b).-Simular un documento en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad, c).-Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a las que han intervenido en él declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieran hecho y d).-Faltar a la verdad en la narración de los hechos. A esta última categoría corresponderá el mayor número de hechos incluibles en este tipo penal en la forma de la manipulación contable o “maquillado” de cuentas para ocultar determinados apuntes contables o hacer aparecer una conclusión en el balance positiva o negativa, según los intereses del autor del hecho.

La falsificación tiene que ser idónea por ser susceptible de aparentar legitimidad, pues una falsedad, sobre todo la material (firmas, alteración de partes de un documento legítimo, etc), que sea burda e incapaz de aparentar legitimidad no podría considerarse un acción idónea para obtener el resultado. Además la falsedad, si es material sobre algún documento, tiene que recaer sobre partes o aspectos esenciales del mismo. (Abogado especialista delitos societarios).

•Sociedad constituida o en formación. Nuevamente nos lleva este requisito a las normas que rigen la forma y constitución del ente societario en cuestión y qué acto le confiere personalidad jurídica, como por ejemplo lo es la inscripción en el Registro Mercantil de la escritura de constitución en una Sociedad Limitada (artículo 11 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada 11/95 de 23 de marzo). Estaríamos ante una sociedad en formación en el período de tiempo existente entre el concurso de voluntades de los socios para formar la sociedad y el efectivo nacimiento a la vida jurídica, período en el cual el funcionamiento de esa sociedad “en formación”, es decir, en proceso de nacimiento formal, puede originar efectos para los socios y terceros, en cuya actividad se puede cometer el delito estudiado.

e)El resultado exigido es la creación de una situación en la que se pueda causar perjuicio a la sociedad. Se trata pues de un delito de los llamados de peligro en que la consumación y el resultado se produce cuando se crea esa situación peligrosa que el Código Penal quiere evitar como adelantamiento de la barrera de protección del bien jurídico protegido.

Si el perjuicio llega a producirse, el párrafo segundo del artículo 290 del Código Penal castiga los hechos con una pena superior. Ese perjuicio ha de ser de naturaleza objetivamente valuable desde el punto de vista económico, lo que no quiere decir que sea directamente dinerario, pues pueden ser perjuicios en la buena imagen de la sociedad, perjuicios comerciales y otros inmateriales pero que tienen un reflejo en la cuenta de resultados de la sociedad o reflejo económico objetivo.

f) El delito sólo se castiga si se obra dolosamente, es decir, si se actúa a sabiendas y conociendo todos los elementos que configuran los requisitos del tipo analizado. (Abogado especialista delitos societarios).

g)La pena prevista es la de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses, y en el caso de la producción efectiva del perjuicio la pena de prisión de tres años a cuatro años y medio y multa de doce meses a dieciocho meses.

III. DELITO DE IMPOSICIÓN DE ACUERDOS ABUSIVOS

Este delito viene tipificado en el artículo 291 del Código Penal, con el siguiente contenido: “Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Su análisis es el siguiente: (Abogado especialista delitos societarios).

a) En este delito el sujeto activo es quien tiene una posición mayoritaria en los órganos de la sociedad, Junta de accionistas u órgano de administración. Es decir, también, como el anterior, se trata de un delito especial propio. Por ende sólo puede ser sujeto activo el administrador, que puede formar parte del órgano de administración, en que tiene la mayoría de miembros (parece que lo razonable es que fuesen varios, y de ahí el uso del plural por el artículo comentado -“Los que…”-), o el socio integrante de la junta de accionistas pero además con un número de acciones o participaciones (según el tipo de sociedad) como para imponer un acuerdo. (Abogado especialista delitos societarios).

b) El sujeto pasivo en este caso es sólo el socio o socios perjudicados por el acuerdo abusivo.

c)La acción castigada es, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, imponer acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno (en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma). Es decir, varios son los requisitos:

•Prevalerse. Indica “usar” de esa posición de poder o ventaja numérica que tiene el actor y que le facilita la realización el hecho descrito; uso de posición dominante que por sí sola no es constitutiva de infracción penal si no va seguida del resto de requisitos. (Abogado especialista delitos societarios).

•Acuerdo abusivo. Se trata de que el órgano de decisión de la sociedad, junta de accionistas u órgano de administración (consejo de administración, etc.), adopten una decisión por una mayoría “impuesta” por el juego numérico de la composición del órgano. El acuerdo no tiene por qué ser jurídicamente inválido, puede ser formalmente regular, pero abusivo en el sentido en que el artículo 7 del Código Civil describe el abuso de derecho como el acto u omisión que por la intención de su autor, por su objeto o por las circunstancias en que se realice sobrepase manifiestamente los límites normales del ejercicio de un derecho, con daño para tercero. (Abogado especialista delitos societarios).

•Ánimo de lucro propio o ajeno. Este no es otro que la intención maliciosa de obtener un enriquecimiento ilícito propio o ajeno, pero no para los socios o la sociedad. (Abogado especialista delitos societarios).

d)El resultado es el perjuicio de los socios, y sin beneficio para la sociedad. Este es un dato objetivo, pues es contrastable dado que el perjuicio y la ausencia de beneficio lo es en términos de valoración económicamente objetiva. No se trata de perjuicios morales o inmateriales no dimensionables económicamente.

e) Este delito es también esencialmente doloso, como lo pone de manifiesto que en el artículo estudiado se incluya como requisitos el “ánimo de lucro…”, que es la plasmación textual de lo que es una actuar esencialmente intencional y malicioso. No será suficiente, por tanto, pretender y obtener un lucro propio sino que se debe hacer siendo consciente de que con ello no se beneficia a la sociedad. Lo que no exige es que se perjudique a la misma, basta con que de la actuación no obtenga la sociedad un fruto, pero sí el autor beneficio propio. (Abogado especialista delitos societarios).

f)La pena prevista es de prisión de seis meses a tres años o, alternativamente, multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. (Abogado especialista delitos societarios).

IV. DELITO DE IMPOSICIÓN O APROVECHAMIENTO DE ACUERDO LESIVO

El artículo 292 del Código Penal dispone que “La misma pena del artículo anterior se impondrá a los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito”. En este complejo texto podemos encontrar estos requisitos:

a) El sujeto activo en este precepto penal depende de la modalidad de acción:

• En la modalidad de imposición sujeto activo sólo pueden ser quienes tienen la posibilidad de intervenir en la toma del acuerdo en la junta de accionistas u órgano de administración, es decir sus miembros.

• En cambio, en la modalidad de aprovechamiento, cualquier persona puede realizar esa conducta utilizando el acuerdo impuesto por los anteriores. (Abogado especialista delitos societarios).

b) El sujeto pasivo, es la sociedad y el socio o socios perjudicados por los hechos.

c) La acción criminal viene constituida por imponer o aprovechar para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito. Tiene, como vemos, una construcción compleja, cuyos elementos básicos son los siguientes:(Abogado especialista delitos societarios).

1.Imponer. Es hacer uso abusivo de una mayoría en la adopción de un acuerdo en el órgano correspondiente de la sociedad, de forma similar que en el tipo del artículo 291 del Código Penal.(Abogado especialista delitos societarios).

2.Aprovechar significa no habiendo participado en la toma del acuerdo, utilizar para sí, o para un tercero, el acuerdo impuesto por otros. (Abogado especialista delitos societarios).

3.Mayoría ficticia. Es una mayoría obtenida con mecanismos fraudulentos, como los enumerados por el precepto a modo de ejemplo, dado que caben otros. El abuso de firma en blanco (es decir, aprovechar una firma en un documento en blanco en virtud de una relación de confianza que se rellena con un contenido distinto al pactado), atribución no prevista en la norma reguladora de la sociedad del derecho a voto de quien vota, negar el voto a quien tiene derecho a él, etc. hacen que en la toma del acuerdo participe quien no tienen derecho efectivo a ello o se impida el voto a quien sí lo tiene y puede haber dado un sentido distinto a la votación, haciendo la mayoría obtenida en estos casos “ficticia”. Si para la realización de estas maniobras se cometen otros delitos (amenazas, coacciones, etc), se castigarán aparte estas infracciones.

4.Acuerdo lesivo es aquél hábil para perjudicar a la sociedad y/o sus socios, pues es lesivo en cuanto lesiona o perjudica.

d) Respecto al elemento subjetivo, se castiga la comisión de los hechos de forma dolosa únicamente, y lo remarca expresamente el artículo cuando se exige que el autor obre con una finalidad o tendencia que es dar lugar a un acuerdo lesivo y perjudicial para la sociedad o socios (o a un aprovechamiento del previo acuerdo que perjudica a la sociedad o socios). (Abogado especialista delitos societarios).

e)La pena prevista para el autor del delito consumado es la misma que en el precepto anterior, a saber, prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido. (Abogado especialista delitos societarios).

V. DELITO DE DENEGACIÓN DE DERECHOS A LOS SOCIOS

Previsto en el artículo 293 del Código Penal, castiga a “Los administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, que sin causa legal negaren o impidieren a un socio el ejercicio de los derechos de información, participación en la gestión o control de la actividad social, o suscripción preferente de acciones reconocidos por las Leyes”. Veamos qué tiene que concurrir para incluir una acción en este delito: (Abogado especialista delitos societarios).

a)El autor de los hechos sólo pueden ser, otra vez, los administradores de hecho o derecho, siendo, por consiguiente, un delito llamado por ello especial propio que no puede ser cometido por quien no tenga esa característica.

b)Sujeto pasivo será el socio que ve vulnerado su derecho. (Abogado especialista delitos societarios).

c)La acción es negar o impedir el ejercicio de los llamados derechos políticos societarios enumerados en el precepto, ya reseñado, y que se encuentran recogidos, para las sociedades anónimas en los artículos 179, 184, 196, 197 y 304 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Negar es rechazar las pretensiones del socio en ejercicio de tal derecho, o bien desconocer la petición realizada, y obstaculizar es realizar cualquier obstrucción, dilación o cortapisa de modo que haga ilusorio el ejercicio del derecho que no se ha negado formalmente. Es una negativa indirecta al ejercicio del derecho. (Abogado especialista delitos societarios).

Ahora bien, el precepto penal establece un condicionamiento y es que la negación o impedimento sea sin causa legal que, de existir, hace el comportamiento justo y no punible. Esta es una cuestión que dificulta el juego del precepto pues como cuestión previa a la determinación de la responsabilidad penal deberá estar claro si el imputado como autor tenía causa legal para su acción. La remisión a la legalidad plantea el problema de si la causa de impedimento es estatutaria y no prevista en la ley tendría cabida en la protección penal de este precepto. Hay autores que la niegan, sin embargo un estatuto es un contrato, y conforme al artículo 1.091 del Código Civil los contratos son Ley entre las partes. La duda tiene que ir en la vía de la interpretación más restrictiva, o menos extensiva, por respeto a las consecuencias del principio de legalidad penal.

d) El autor será castigado si actúa con dolo, es decir, conociendo plenamente los requisitos que conforman la infracción penal y queriendo realizarlos. (Abogado especialista delitos societarios).

e)La pena prevista para el autor del delito consumado es la de multa de seis a doce meses.

VI. DELITO DE OBSTRUCCIÓN DE LABORES INSPECTORAS O SUPERVISORAS

El artículo 294 del Código Penal preceptúa que “los que, como administradores de hecho o de derecho de cualquier sociedad constituida o en formación, sometida o que actúe en mercados sujetos a supervisión administrativa, negaren o impidieren la actuación de las personas, órganos o entidades inspectoras o supervisoras, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses. Además de las penas previstas en el párrafo anterior, la autoridad judicial podrá decretar algunas de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código.” El precepto es de configuración sencilla, que vendría dado por los siguientes elementos: (Abogado especialista delitos societarios).

a) Los sujetos activos vuelven a ser sólo los administradores de hecho o derecho.

b) El sujeto pasivo no es individual y particular sino la Administración Pública como ente público que ve impedida su actuación inspectora o supervisora. (Abogado especialista delitos societarios).

c) La especialidad de este precepto está en el objeto material del delito que son las sociedades, constituidas o en formación (ya vimos qué significa este requisito al tratar el delito del artículo 290 del Código Penal), pero no cualquier sociedad sino aquellas sometidas o que actúen en mercados sujetos a supervisión administrativa, normalmente por la trascendencia de su actuación en unos determinados intereses generales o sectores de la población o de la actividad socioeconómica. Habrá que estar a las normas administrativas que impongan estos controles en las sociedades de determinados tráficos mercantiles (seguros, valores, entidades de crédito, etc.). (Abogado especialista delitos societarios).

d)La acción es “negar o impedir” la actuación inspectora o supervisora. Es una acción de desobediencia que se comete tanto con la negativa abierta a la actuación, como, sin negarlo expresamente, impedir de hecho directa o indirectamente la actuación de los agentes o inspectores. (Abogado especialista delitos societarios).

e) La actuación castigada es la realizada de forma maliciosa o intencional, es decir, dolosa. No cabrá duda de la actuación con conocimiento de la obligación de permitir la actuación administrativa pues esta llevará previamente un requerimiento o notificación de dicha actuación que desvanecerá cualquier duda sobre su realidad y legalidad.

f)La pena es de prisión de seis meses a tres años o alternativamente multa de doce a veinticuatro meses.

Pero también puede traer como consecuencia alguna de las medidas del artículo 129 del Código Penal como son la clausura, disolución, suspensión, prohibición o intervención de la sociedad. (Abogado especialista delitos societarios).

VII. DELITO DE ADMINISTRACIÓN DESLEAL. (Abogado especialista delitos societarios).

El artículo 295 del Código Penal dispone: “Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido”. Importante precepto que se integra por los siguientes requisitos:

a)Sujetos activos de los hechos son los administradores de hecho o derecho o los socios de la sociedad (constituida o en formación, tal como tratamos en el estudio del artículo 290), siendo por consiguiente también un delito llamado, por ello, especial propio, pues no puede ser cometido por quien no tenga esas características.

b) Los sujetos pasivos de este delito van más allá de los socios, al incluirse a los depositarios (más bien querrá decir depositantes), cuenta partícipes o titulares de los bienes, valores o capital administrados. Se trata, pues, de terceros, ya sean personas físicas o jurídicas, que mantienen una relación con la sociedad en virtud de la cual han hecho depósitos dinerarios, de valores o de bienes o, en general, son titulares de derechos poseídos por la mercantil.

c)Objeto material del delito deberían ser, por consiguiente, los bienes sociales o los valores, capitales o bienes depositados por esos terceros en la sociedad, sin embargo el precepto alude sólo a los bienes sociales como objeto material del delito, con lo que se restringe su operatividad a pesar de la amplitud de sujetos pasivos terceros a la sociedad o los socios, que solo podrán ser sujetos pasivos si se les perjudica en la acción recaída sobre los bienes sociales y no sobre los suyos propios.

d) La conducta típica consiste en realizar actos de disposición sobre bienes sociales o contraer obligaciones a cargo de la sociedad con abuso de las funciones propias de su cargo. La exigencia es doble:

• El autor o autores tienen que realizar actos propios del titular dominical, sin serlo, dado que sólo administran, ya sean negocios jurídicos activos (disponer) o pasivos (asumir obligaciones) sobre el objeto material.

• La concertación de estas operaciones tienen que ser realizada con abuso de las funciones de su cargo, es decir, con infracción de un deber específico de lealtad hacia los bienes sociales administrados, realizando por tanto actos que no forman parte de los que, en un ejercicio leal de su función, entran en sus obligaciones y facultades.

e) La consumación del delito se produce cuando se ocasiona el perjuicio económico valuable para los sujetos pasivos. Esto significa que se trata de un delito de lesión, es decir, que no es suficiente que con la actuación del administrador haya puesto en peligro abstracto o concreto los intereses económicos de los sujetos pasivos, sino que es preciso que los haya perjudicado efectiva y objetivamente. (Abogado especialista delitos societarios).

f) Fácil es advertir que el delito exige que se actúe con dolo, con intención y a sabiendas, conociendo todos los requisitos que disciplinan el delito y con voluntad de obtener un beneficio propio o para un tercero, es decir, con ánimo de lucro, de enriquecimiento. No tiene por qué existir un ánimo directo de perjudicar al sujeto pasivo, que incluso puede no ser ni querido directamente, pero se acepta ese perjuicio para conseguir la finalidad lucrativa que persigue el autor. Por tanto incluiría el dolo directo de primer grado (intención de lucrarse y perjudicar) y el dolo directo de segundo grado (intención de lucrarse y aceptación del perjuicio ajeno no directamente perseguido).

g)La pena prevista es de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido actuar ocasionando el perjuicio que constituye el resultado. (Abogado especialista delitos societarios).

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