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Abogado especialista delito contra seguridad social

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Telefono de urgencias

DELITO CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL

1. Consideraciones generales

Los delitos contra la Seguridad Social se introdujeron en el derogado Código Pe- nal, junto a los delitos contra la Hacienda Pública, por la reforma operada por la Ley Orgánica 6/1995, en cuya Exposición de Motivos se dice que se pretende «tutelar de manera singular la función recaudatoria de la Tesorería de la Seguridad Social». Su regulación se reproduce en el vigente Código Penal con la salvedad de no remitirse al delito de defraudación tributaria a los efectos de fijación de las penas.

2. Conductas típicas

A) Tipo básico. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

La conducta típica básica viene recogida en el artículo 307.1 CP al determinar que: «El que, por acción u omisión, defraude a la Seguridad Social eludiendo el pago de las cuotas de ésta y conceptos de recaudación conjunta, obteniendo indebida- mente devoluciones de las mismas o disfrutando de deducciones por cualquier con- cepto asimismo de forma indebida, siempre que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de cincuenta mil euros será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía salvo que hubiere regularizado su situación ante la Seguridad Social en los términos del apartado 3 del presente artículo.

La mera presentación de los documentos de cotización no excluye la defrauda- ción, cuando ésta se acredite por otros hechos. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la po- sibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años». (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

En el apartado 2o del artículo 305 CP se establece que a los efectos de determinar la cuantía mencionada en el apartado anterior se estará al importe total defraudado durante cuatro años naturales.

El artículo 307 bis CP, introducido por la Ley Orgánica 7/2012, contiene unos supuestos agravados similares a los previstos en el delito de defraudación tributaria al disponer que «1. El delito contra la Seguridad Social será castigado con la pena de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuantía cuando en la comisión del delito concurriera alguna de las siguientes circunstancias: (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

a) Que la cuantía de las cuotas defraudadas o de las devoluciones o deducciones indebidas exceda de ciento veinte mil euros. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídi- ca interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obliga- do frente a la Seguridad Social o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o del responsable del delito.

2.A los supuestos descritos en el presente artículo le serán de aplicación todas las restantes previsiones contenidas en el artículo 307. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

3. En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el pe- ríodo de cuatro a ocho años».

C) Tipo atenuado

El apartado 5o del artículo 307 CP contiene un tipo atenuado disponiendo que «Los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado frente a la Seguridad Social o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que trans- curran dos meses desde la citación judicial como imputado, satisfaga la deuda con la Seguridad Social y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del deudor a la Seguridad Social o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el com- pleto esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado frente a la Seguridad Social o de otros responsables del delito».

3. Regularización de la deuda con la Seguridad Social

Dispone el apartado 3o del artículo 307 CP que «Se considerará regularizada la situación ante la Seguridad Social cuando se haya procedido por el obligado frente a la Seguridad Social al completo reconocimiento y pago de la deuda antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones inspectoras dirigidas a la determina- ción de dichas deudas o, en caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal o el Letrado de la Seguridad Social interponga que- rella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de

39/10 Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la

iniciación de diligencias. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

Asimismo, los efectos de la regularización prevista en el párrafo anterior, resulta- rán aplicables cuando se satisfagan deudas ante la Seguridad Social una vez prescrito el derecho de la Administración a su determinación en vía administrativa.

La regularización de la situación ante la Seguridad Social impedirá que a dicho su- jeto se le persiga por las posibles irregularidades contables u otras falsedades instru- mentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mis- mo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación».

4. Prejudicialidad penal. Ejecución de la multa y responsabi- lidad civil

La Ley Orgánica 7/2012, en paralelo con lo previsto en los delitos contra la Ha- cienda Pública, prevé en el apartado 4o del artículo 307 CP que «La existencia de un procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social no paralizará el procedi- miento administrativo para la liquidación y cobro de la deuda contraída con la Segu- ridad Social, salvo que el Juez lo acuerde previa prestación de garantía. En el caso de que no se pudiese prestar garantía en todo o en parte, el Juez, con carácter excep- cional, podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de las garantías, en el caso de que apreciara que la ejecución pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación. La liquidación administrativa se ajustará finalmente a lo que se decida en el proceso penal».

Asimismo en su apartado 6o prevé que «En los procedimientos por el delito con- templado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y la responsabilidad civil, que comprenderá el importe de la deuda frente a la Seguridad Social que la Administración no haya liquidado por prescripción u otra causa legal, incluidos sus intereses de demora, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Administración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento admi- nistrativo de apremio». (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

5. Fraude de subvenciones

A) Tipo básico (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

La conducta típica básica se halla prevista en el párrafo primero del apartado 1o del artículo 307 ter CP, introducido por la Ley Orgánica 7/2012, disponiendo que «1. Quien obtenga, para sí o para otro, el disfrute de prestaciones del Sistema de la Seguridad Social, la prolongación indebida del mismo, o facilite a otros su obtención, por medio del error provocado mediante la simulación o tergiversación de hechos, o la ocultación consciente de hechos de los que tenía el deber de informar, causando con ello un perjuicio a la Administración Pública, será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión».Además, de estas penas, según dispone el párrafo terce- ro, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

B) Tipo agravado

Derecho Penal. Parte Especial Carlos Granados Pérez

El apartado 2o del artículo 307 ter CP contiene un supuesto agravado al disponer que «Cuando el valor de las prestaciones fuera superior a cincuenta mil euros o hu- biera concurrido cualquiera de las circunstancias a que se refieren las letras b) o c) del apartado 1 del artículo 307 bis, se impondrá una pena de prisión de dos a seis años y multa del tanto al séxtuplo.

En estos casos, además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pér- dida de la posibilidad de obtener subvenciones y del derecho a gozar de los bene- ficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de cuatro a ocho años». (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

C) Tipos atenuados

En el párrafo segundo del apartado 1o del artículo 307 ter CP se establece que cuando los hechos, a la vista del importe defraudado, de los medios empleados y de las circunstancias personales del autor, no revistan especial gravedad, serán castiga- dos con una pena de multa del tanto al séxtuplo.Asimismo resultan de aplicación las penas mencionadas previstas en el párrafo tercero. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

En su apartado 6o se determina que resultará aplicable lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 307 del Código Penal.»

D) Reintegro

En paralelo con la exención de pena prevista en los delitos contra la Hacienda Pública, en el aparatado 3o del artículo 307 ter CP dispone que «Quedará exento de responsabilidad criminal en relación con las conductas descritas en los apartados an- teriores el que reintegre una cantidad equivalente al valor de la prestación recibida incrementada en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección y control en relación con las mismas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado, el Letrado de la Seguridad Social, o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida o antes de que el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcan- zará igualmente a dicho sujeto por las posibles falsedades instrumentales que, exclu- sivamente en relación a las prestaciones defraudadas objeto de reintegro, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación».

E) Prejudicialidad penal. Ejecución de pena y responsabilidad civil

Dispone el apartado 4o del artículo 307 ter CP que «La existencia de un proce- dimiento penal por alguno de los delitos de los apartados 1 y 2 de este artículo, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las prestaciones indebidamente obtenidas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal.

El procedimiento penal tampoco paralizará la acción de cobro de la Administra- ción competente, que podrá iniciar las actuaciones dirigidas al cobro salvo que el Juez, de oficio o a instancia de parte, hubiere acordado la suspensión de las actuacio- nes de ejecución previa prestación de garantía. Si no se pudiere prestar garantía en todo o en parte, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial de garantías si apreciare que la ejecución pudiese ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación».

Por su parte el apartado 5o establece que «En los procedimientos por el delito contemplado en este artículo, para la ejecución de la pena de multa y de la responsa- bilidad civil, los Jueces y Tribunales recabarán el auxilio de los servicios de la Admi- nistración de la Seguridad Social que las exigirá por el procedimiento administrativo de apremio».

6. Disposición común a los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social cuando sea responsable una persona jurídica. (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

La Ley Orgánica 7/2012 modifica el artículo 310 bis introducido por la Ley Orgá- nica 5/2010 disponiendo:

«Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este Título, se le impondrán las siguientes penas:

a) Multa del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de dos años.

b) Multa del doble al cuádruple de la cantidad defraudada o indebidamente obte- nida, si el delito cometido por la persona física tiene prevista una pena de prisión de más de cinco años.(Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).

c) Multa de seis meses a un año, en los supuestos recogidos en el artículo 310.

Además de las señaladas, se impondrá a la persona jurídica responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años. Podrá imponerse la prohibición para contratar con las Administra- ciones Públicas.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los Jueces y Tribunales po- drán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b), c), d), e) y g) del apartado 7 del artículo 33.». (Abogado especialista delitos contra Seguridad Social).