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Abogado especialista delito fraude fiscal

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Telefono de urgencias

Al concepto de patrimonio, como objeto de protección penal, el Código Penal de 1995, aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, reformada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de 2015, se une el concepto de orden socioeconómico. Ello es fruto de la expansión que en las últimas décadas ha tenido el llamado Derecho Penal Económico en el que la protección que el Derecho Penal dispensa no va ya sólo en la dirección de proteger los intereses económicos individuales sino también los supraindividuales, sociales o colectivos de la vida económica, es decir, la economía política.

delito contra la Hacienda Pública. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

En la actualidad, por tanto, se defiende un concepto amplio del Derecho Penal Económico, que engloba en su seno desde los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social a los delitos contra los derechos de los trabajadores, de revelación de secretos industriales y comerciales, de publicidad engañosa, delitos societarios, etc., dispensando así protección a lo que sería un amplio concepto de “orden socioeconómico”. No obstante, el orden socioeconómico no aparece como bien jurídicamente protegido de forma directa. El “orden socioeconómico” representaría, pues, una idea o mejor dicho, un bien jurídico categorial que deberá precisarse o concretarse en intereses o bienes jurídicos específicos en cada tipo delictivo. En concreto, los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, previstos con ese mismo nombre- del Libro II del Código Penal aprobado por Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, reformado en el año 2015 por la LO 1/2015, en sus artículos 305 a 310, son unas figuras penales que pretenden proteger la Hacienda Pública y la Seguridad Social de determinadas conductas que pueden dañar a estas Instituciones: (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Proteger la Hacienda Pública conlleva defender directamente los intereses económicos y patrimoniales del Estado, tanto en su aspecto recaudatorio o de ingresos públicos como en el de gastos públicos o asignación del Presupuesto. Pero estos delitos protegen también otros bienes jurídicos de forma indirecta como son la efectividad de los tributos como elemento base del sistema fiscal y el tráfico jurídico documental. En la dimensión del gasto o aplicación del presupuesto (como las subvenciones, por ejemplo) también se protegen otros intereses de forma indirecta como son las políticas sociales del Estado. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

La protección de la Seguridad Social, que tiene también una dimensión de gasto y otra de ingreso, se dispensa, en cambio, sólo en su aspecto recaudatorio y no en el de gasto, como pueden ser los fraudes de prestaciones, que podrán reconducirse a otros tipos penales como la estafa de los artículos 248 y siguientes del Código Penal  o la apropiación indebida de los artículos 252 y siguientes del Código. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Además del interés patrimonial de la Seguridad Social, se protege indirectamente la propia igualdad de las empresas en términos de pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma.

El fraude fiscal es un delito especial, porque solo lo puede cometer quien está obligado por la norma tributaria. Por ello, puede ser sujeto activo tanto una persona física como una persona jurídica (una empresa), dependiendo de quién sea la obligada a pagar un tributo, practicar retenciones, etc. Engloba varias conductas:

Eludir el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta.

Obtener indebidamente devoluciones o disfrutar indebidamente de beneficios fiscales.

Los Jueces incluyen también el ocultar de la Hacienda Pública elementos patrimoniales adquiridos ilícita o delictivamente, como por ejemplo, el “dinero negro” obtenido del tráfico de drogas, aunque esta conducta suele terminar siendo castigada por el blanqueo de capitales, que podría absorber la infracción fiscal. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

 Modalidades de fraude fiscal. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Es muy importante tener en cuenta que para que esas conductas sean delito, es necesario que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta, o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos, exceda de 120.000 €. Hay una excepción a esta cuantía: si el fraude se comete contra la Hacienda de la Unión Europea, la cuantía para que sea delito es menor; basta con que exceda de 50.000 €. Esto no significa que defraudar por debajo de esas cantidades quede sin consecuencias, sino que esas consecuencias no son penales, pero serán administrativas. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Además existen modalidades agravadas; es decir, conductas que son también fraude fiscal pero que debido a circunstancias concretas se consideran más graves que la modalidad básica, y por ello su pena es mayor. Estas modalidades son las siguientes: (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de 600.000 €.

Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización criminal.

Que se para defraudar hayan utilizado “sociedades pantalla”, “personas interpuestas”, o paraísos fiscales; es decir, que se haya dificultado u ocultado a la persona realmente responsable del delito o su patrimonio.

Aunque una persona haya cometido este delito, es posible que no se le imponga ninguna pena, si procede a “regularizar su situación tributaria”. Regularizar consiste en reconocer la deuda ante la Administración Tributaria, y además pagar completamente lo debido. Pero hay una condición: que esas dos cosas se hagan antes de que se le haya notificado el inicio de actuaciones contra él. Es decir: si una persona ya sabe que le están investigando por un fraude fiscal, y entonces reconoce y paga su deuda, esto no le exime de una condena penal por un delito contra la Hacienda Pública. La razón es que se “premia” la voluntariedad o espontaneidad del desistimiento.

Si la persona ya no está a tiempo de regularizar su situación tributaria, aún tiene otra opción más: si desde la citación judicial y antes de que transcurran dos meses se satisface la deuda completa y se reconocen ante el Juez los hechos, entonces el Juez puede imponerle una pena menor (la inferior en uno o dos grados).

 ¿Cómo se aplica la pena por delito fiscal?. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

La pena mencionada anteriormente se aplicará en su mitad superior cuando concurran algunas circunstancias:

cuando se usa personas con el fin de ocultar el verdadero obligado tributario

la especial trascendencia del fraude. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Además de estas penas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas de derecho de gozar de beneficios o incentivos fiscales de la seguridad social durante un periodo de tres a seis años.

 ¿Quién queda exento de delito fiscal?. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

Quedan exentos de responsabilidad penal quien regulariza su situación tributaria antes de que la Administración Tributaria iniciara un procedimiento de comprobación que determine el importe de la deuda fiscal, o si no se realizan estas actuaciones, antes de que el Ministerio Fiscal o el Abogado del Estado inicie la correspondiente denuncia o querella.

Igualmente se considera delito defraudar a los presupuestos generales de la Unión Europea u otras administraciones de esta, en cuantía superior a 50.000 euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar. La pena aplicable es una pena de prisión de entre uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía.

La pena por fraude es diferente según la clasificaciones expuestas en el apartado anterior:

Tipo básico del fraude fiscal: prisión de uno a cinco años y multa, así como la prohibición de obtener subvenciones, ayudas públicas, o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante tres a seis años.

Tipos agravados de fraude fiscal: prisión de dos a seis años y multa, así como la prohibición de obtener subvenciones, ayudas públicas, o beneficios fiscales o de la Seguridad Social durante cuatro a ocho años.

Fraude de subvenciones: prisión de uno a cinco años y multa. (Abogado especialista delito fraude fiscal).

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