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Abogado delito prevaricación administrativa

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Telefono de urgencias

El articulo 404 del código penal dice que: (Abogado delito prevaricación administrativa).

“la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. (Abogado delito prevaricación administrativa).

Los elementos nucleares de este delito radican en: (Abogado delito prevaricación administrativa).

la voz “arbitraria”

el término “resolución”

la exigencia de “injusta”

el requisito de “a sabiendas”

De modo que prevarica la autoridad o funcionario que “a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en asunto administrativo”.(Abogado delito prevaricación administrativa).

De lo anterior se deduce claramente que para prevaricar no basta con dictar una resolución “injusta“, es decir, que sea contraria a derecho y contraria al ordenamiento jurídico. Es necesario algo más, y ese algo se encuentra en el hecho de que explícitamente ha de ser “arbitraria“. (Abogado delito prevaricación administrativa).

Tres son los elementos que se requieren para la existencia del delito de prevaricación administrativa del 404 del Código

La cualidad de funcionario público o autoridad en el sujeto activo del delito de conformidad con la definición que de funcionario publico establece el articulo 24 del código. (Abogado delito prevaricación administrativa).

Se considerará funcionario público a todo el que por disposición inmediata de la Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas

En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal. (Abogado delito prevaricación administrativa).

La prevaricación la pueden llevar a cabo exclusivamente estas personas -funcionarios o autoridades- estamos por tanto ante un tipo de delito al que la doctrina penal califica como “especial”

En consecuencia no permite autoría de personas que no reúnan la condición expresamente requerida en la norma penal, lo que no excluye que estas personas puedan ser condenadas en calidad de partícipes, cooperadores necesarios o cómplices, etc.. (Abogado delito prevaricación administrativa).

La producción de una resolución de carácter administrativo, que sea injusta con arreglo a los criterios del código anterior (1973) o bien arbitraria, conforme al código actual. (Abogado delito prevaricación administrativa).

Hay que decir que no basta la mera ilegalidad.  No existe este delito cuando la resolución correspondiente es sólo una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del derecho; se precisa una discordancia tan patente y clara entre esa resolución y el ordenamiento jurídico que cualquiera pudiera entenderlo. La injusticia ha de ser tan notoria que se puede afirmar respecto a ella que nos encontramos ante una resolución arbitraria.

Actuar de manera arbitraria, en el ámbito de la administración publica, donde casi todo está regulado por normas, significa suplantar la finalidad de la norma por las propias conductas personales, razones y finalidades del prevaricador.

El otro requisito, de carácter personal, viene determinado por el término “a sabiendas”, que es la expresión de la constatación del dolo como elemento del delito. El legislador exige que exista “dolo directo” para la comisión de este delito.

Dolo es actuación del sujeto conociendo la concurrencia de los elementos objetivos del injusto, en este caso, actuación con el conocimiento del contenido injusto o arbitrario de la resolución administrativa.

Resolución injusta es toda resolución arbitraria, esto es, consistente en una desviación de poder, en el sentido de situarse fuera del ordenamiento jurídico, persiguiendo fines en él no contemplados. (Abogado delito prevaricación administrativa).

No toda injusticia entendida como infracción del Derecho positivo es sin más delictiva, y más aún si se recuerda la existencia en Derecho Administrativo de la teoría de las nulidades, donde se delimitan hasta cinco grados diferentes de ilegalidad administrativa en donde a los efectos de apreciar delito, distingue entre actos nulos y simplemente anulables.

Por consiguiente, resulta obvio que todas no pueden constituir una infracción penal.

En el delito de prevaricación es necesario que el autor actúe a sabiendas de la injusticia de la resolución. Los términos “injusticia” y “arbitrariedad” deben entenderse aquí utilizados con sentido equivalente, pues si se exige como elemento subjetivo del tipo que el autor actúe a sabiendas de la injusticia, su conocimiento debe abarcar, al menos, el carácter arbitrario de la resolución. Como el elemento subjetivo del tipo viene legalmente expresado con la locución “a sabiendas”, se puede decir, en resumen, que se comete el delito de prevaricación previsto en el art. 404 del Código Penal cuando la autoridad o funcionario, teniendo plena conciencia de que resuelve al margen del ordenamiento jurídico y de que ocasiona un resultado materialmente injusto, actúa de tal modo porque quiere este resultado y antepone el contenido de su voluntad a cualquier otro razonamiento o consideración , esto es con intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad del acto realizado, o sea concurriendo los elementos propios del dolo. Ahora bien, la mera firma de una resolución arbitraria no determina, en absoluto, la concurrencia del elemento subjetivo de la prevaricación, pues para ello se requiere la clara conciencia de la ilegalidad o de la arbitrariedad que se ha cometido. Así la Jurisprudencia ha venido excluyendo la prevaricación en supuestos en los que la Autoridad encausada no había participado en el proceso previo, no constaba que tuviese ningún interés por las personas afectadas en el mismo, ni tampoco que conociese que se hubiese cometido irregularidad alguna. Las Autoridades y funcionarios de alto rango no pueden conocer minuciosamente todos los detalles de los documentos que les son sometidos a la firma, y, generalmente, deben fiarse de los informes técnicos que los avalan (Véanse las Sentencias del Tribunal Supremo Núms. 766/1999, de 18 de mayo, 443/2008, de 1 de julio, 152/2015, de 24 de febrero). (Abogado delito prevaricación administrativa).

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