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Abogado delito contra la Hacienda Pública

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Telefono de urgencias

El art 31 CE impone a todos la obligación de particapar en las cargas públicas de acuerdo con su capacidad económica,es por tanto obligatorio para todos aquellos incluidos el supuesto de hecho de un tributo,ingresar las cantidades determinadas legalmente y cumplir por tanto la obligación tributaria principal,pudiendo derivarse sanciones en caso de incumplimiento-art 17 LGT. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Esta protección se despliega en nuestro ordenamiento jurídico, a través sanciones administrativas, o a través de sanciones penales, previstas en el Código Penal, que vamos a estudiar a continuación.

Los delitos que consisten en la defraudación contra la Administración Pública, concretados en los cometidos contra la Hacienda Pública y Seguridad social, están previstos en el Código Penal español, que contempla en su art. 305 los delitos contra la Hacienda Pública y uno contra la Seguridad Social.

El delito contra la Hacienda Pública, consiste en defraudar, por acción u omisión, a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de 120.000 euros.

Por tanto, la diferencia con la infracción administrativa está en la cuantía defraudada, pues hasta 120.000 euros constituirá infracción tributaria, mientras que si se supera dicha cantidad, se incurrirá en delito; ambos, tanto la infracción tributaria como el delito contra la Hacienda Pública, requieren culpabilidad, si bien el grado de culpabilidad exigido será distinto, pues el delito contra la Hacienda Pública requiere dolo en su comisión, mientras que la infracción tributaria puede cometerse a título de cualquier grado de negligencia (art 183 LGT).

Este delito, también denominado de defraudación tributaria, se recoge en el artículo 305 del Código Penal y protege a la Hacienda Pública en cuanto a la dimensión recaudatoria (ingresos de la Hacienda Pública), castigando el fraude en el pago de los tributos. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

En el delito puede incurrir, como sujeto activo:

– El obligado tributario o sujeto pasivo principal, que es el contribuyente.

-El retenedor, que es la persona jurídica (sociedades) o física (individuos) que por sus funciones intervenga en actos u operaciones en los cuales debe, por expresa disposición legal, efectuar la retención o percepción del tributo correspondiente. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

-El sustituto del contribuyente es el sujeto pasivo que, por imposición de la Ley y en el lugar de aquél, está obligado a cumplir las prestaciones materiales y formales de la obligación tributaria, sin perjuicio de que pueda repercutir al contribuyente el importe del gravamen.

El sujeto pasivo del delito es la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local. También lo es la Hacienda de la Unión Europea. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Se castiga al que, por acción u omisión, defraude a la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local, eludiendo el pago de tributos, cantidades retenidas o que se hubieran debido retener o ingresos a cuenta de retribuciones en especie obteniendo indebidamente devoluciones o disfrutando beneficios fiscales de la misma forma, siempre que la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados exceda de ciento veinte mil euros, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía, conforme a la redacción dada a este precepto por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, salvo en aquellos casos en los que se hubiera regularizado la situación.

Las conductas consisten en: (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

– Eludir:

• El pago de tributos.

• El pago de cantidades retenidas o que se hubieran debido retener.

• El pago de ingresos a cuenta de retribuciones en especie.

– Obtener:

• Devoluciones indebidamente. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

• Beneficios fiscales indebidamente (bonificaciones, reducciones, deducciones, desgravaciones o exenciones).

La conducta es defraudar por acción (haciendo fraudulentamente la declaración o gestión tributaria) y por omisión (no realizando la declaración obligatoria en caso de ser exigida por la normativa tributaria), es decir, causar un daño patrimonial a la Hacienda Pública mediante engaño. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

La conducta se refiere a un tributo, entendido como concepto genérico que comprende impuestos, tasas y contribuciones especiales. No abarca intereses, recargos, costas de ejecución o sanciones tributarias.

El resultado es defraudar efectivamente al fisco, pero sólo será delito si la cuantía de la cuota defraudada, el importe no ingresado de las retenciones o ingresos a cuenta o de las devoluciones o beneficios fiscales indebidamente obtenidos o disfrutados, excede de 120.000 euros. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Para determinar esa cantidad hay que tener en cuenta dos reglas:

– Si se trata de tributos, retenciones, ingresos a cuenta o devoluciones, periódicos o de declaración periódica, se estará a lo defraudado en cada período impositivo o de declaración, y si éstos son inferiores a doce meses, el importe de lo defraudado se referirá al año natural. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

– En los demás supuestos la cuantía se entenderá referida a cada uno de los distintos conceptos por los que un hecho imponible sea susceptible de liquidación. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Sólo se castiga la comisión dolosa de los hechos, es decir, la actuación u omisión intencional y a sabiendas de la defraudación realizada. No se castiga penalmente el descuido o la negligencia, aunque fuera grave, que tendrán consecuencias sancionadoras administrativas, pero no el castigo criminal.

La pena es de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la cuantía defraudada, conforme a la elevación de pena impuesta por la modificación del precepto operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Si la cuantía defraudada no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Excusa absolutoria. El apartado 4º del artículo 305 definido, con la finalidad de promover el pago voluntario de las cantidades defraudadas, establece que quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, la regularización sea antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará igualmente a las posibles irregularidades contables u otras falsedades instrumentales que, solamente en relación a la deuda tributaria objeto de regularización, pudieran haberse cometido con carácter previo a la regularización de su situación tributaria.

Por otro lado, los Jueces y Tribunales podrán imponer al obligado tributario o al autor del delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como investigado satisfaga la deuda tributaria y reconozca judicialmente los hechos. Lo anterior será igualmente aplicable respecto de otros partícipes en el delito distintos del obligado tributario o del autor del delito, cuando colaboren activamente para la obtención de pruebas decisivas para la identificación o captura de otros responsables, para el completo esclarecimiento de los hechos delictivos o para la averiguación del patrimonio del obligado tributario o de otros responsables del delito.

b) Delito fiscal agravado (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

El artículo 305 bis del Código Penal prevé un tipo más grave de delito fiscal cuando concurra en la acción delictiva alguna de las siguientes circunstancias: (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

a) Que la cuantía de la cuota defraudada exceda de seiscientos mil euros.

b) Que la defraudación se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal.

c) Que la utilización de personas físicas o jurídicas o entes sin personalidad jurídica interpuestos, negocios o instrumentos fiduciarios o paraísos fiscales o territorios de nula tributación oculte o dificulte la determinación de la identidad del obligado tributario o del responsable del delito, la determinación de la cuantía defraudada o del patrimonio del obligado tributario o del responsable del delito. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Las penas serán de prisión de dos a seis años y multa del doble al séxtuplo de la cuota defraudada.

c) Delito de fraude de subvenciones. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

A diferencia de los delitos anteriores, el artículo 308 del Código Penal prevé una conducta criminal que trata de proteger la aplicación de gasto de la Hacienda Pública, que debe estar presidida por una distribución equitativa de los recursos públicos en un sistema regulado, ordenado y justo de las subvenciones o desgravaciones.

El objeto del delito son las ayudas públicas, como las subvenciones, las desgravaciones, los premios o las primas. Estarán excluidos los beneficios fiscales, que se integran en el delito anterior.

La acción tiene dos modalidades: (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

– En la primera se pena al que obtenga subvenciones, desgravaciones o ayudas de las Administraciones públicas de más de ciento veinte mil euros falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubiesen impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de su importe. Además de las penas señaladas, se impondrá al responsable la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante un período de tres a seis años.

Para la determinación de la cantidad defraudada se estará al año natural y deberá tratarse de subvenciones obtenidas para el fomento de la misma actividad privada subvencionable, aunque procedan de distintas Administraciones o entidades públicas. Tiene que tratarse de requisitos esenciales que hayan sido determinantes de la concesión de la ayuda.

– En la segunda modalidad se impone pena al que, en el desarrollo de una actividad subvencionada con fondos de las Administraciones públicas cuyo importe supere los ciento veinte mil euros, incumpla las condiciones establecidas alterando sustancialmente los fines para los que la subvención fue concedida, tal y como han resultado modificados estos dos párrafos por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. Como vemos, aquí el precepto sólo se refiere a las subvenciones, pues sólo en el marco de estas, como ayudas públicas para la realización de una actividad, tiene sentido imponer condiciones y finalidades a las mismas. Las condiciones incumplidas han de ser sustanciales, es decir, que entren en la esencia de la política, esencia o finalidad social o económica de la subvención. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

El resultado es la efectiva defraudación de la Hacienda Pública en el caso de la primera modalidad de acción. La segunda modalidad de acción es mera actividad, pues no se precisa ningún resultado sino sólo la mera alteración de los fines, en cuanto ello repercute en el bien jurídico protegido, que es una política justa y equitativa de las subvenciones.

En cualquiera de los casos, para que sea delito es preciso que el interés económico de que se trate supere el importe de 120.000 euros. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

El delito castiga sólo la conducta dolosa, es decir, la actuación fraudulenta consciente y voluntaria del autor.

Excusa absolutoria. Al igual que en el delito fiscal, y con la misma finalidad de obtener el restablecimiento patrimonial de la Hacienda Pública, el apartado 5º del artículo 308 CP establece que quedará exento de responsabilidad penal, en relación con las subvenciones, desgravaciones o ayudas a que se refiere el precepto tratado, el que reintegre las cantidades recibidas, incrementadas en un interés anual equivalente al interés legal del dinero aumentado en dos puntos porcentuales, desde el momento en que las percibió, antes de que se le haya notificado la iniciación de actuaciones de inspección o control en relación con dichas subvenciones, desgravaciones o ayudas o, en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, el reintegro sea antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante de la Administración autonómica o local de que se trate interponga querella o denuncia contra aquél dirigida.

La exención de responsabilidad penal contemplada en el párrafo anterior alcanzará también al autor por las posibles falsedades instrumentales que, exclusivamente en relación a la deuda objeto de regularización, el mismo pudiera haber cometido con carácter previo a la regularización de su situación.

Los Jueces y Tribunales podrán imponer al responsable de este delito la pena inferior en uno o dos grados, siempre que, antes de que transcurran dos meses desde la citación judicial como imputado, lleve a cabo el reintegro del importe y reconozca judicialmente los hechos. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Finalmente, la existencia de un procedimiento penal por alguno de los delitos analizados, no impedirá que la Administración competente exija el reintegro por vía administrativa de las subvenciones o ayudas indebidamente aplicadas. El importe que deba ser reintegrado se entenderá fijado provisionalmente por la Administración, y se ajustará después a lo que finalmente se resuelva en el proceso penal. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

d) Delito contable

En el artículo 310 del Código Penal castiga una serie de conductas cuya cabida en el derecho penal sólo se justifica en ser actuaciones que sirven para preparar el delito de defraudación tributaria, de modo que para prevenir con más eficacia el delito fiscal se adelanta el Derecho Penal a castigar estos actos preparatorios.

La acción es la del que estando obligado por ley tributaria a llevar contabilidad mercantil, libros o registros fiscales, cometa alguna de las siguientes conductas: (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

– Incumpla absolutamente dicha obligación en régimen de estimación directa de bases tributarias. Absolutamente quiere decir que no exista ningún tipo de contabilidad, lo que reduce la aplicación del precepto pues es fácil que algún tipo de contabilidad pueda existir, aunque rudimentaria y normativamente insuficiente. La no llevanza tiene que referirse a todo el período impositivo. Está excluido el sujeto pasivo tributario sometido al régimen de estimación objetiva singular.

– Lleve contabilidades distintas que, referidas a una misma actividad y ejercicio económico, oculten o simulen la verdadera situación de la empresa. En este caso la acción sólo la puede cometer un empresario en el que, además, concurra una finalidad específica de ocultación de la situación real de la empresa.

-No hubiere anotado en los libros obligatorios negocios, actos, operaciones o, en general, transacciones económicas, o los hubiese anotado con cifras distintas a las verdaderas, o hubiere practicado en los libros obligatorios anotaciones contables ficticias. Se trata pues de conductas de omisión (las primeras) y de acción (las segundas).

En los dos últimos casos, para que los hechos sean delito es necesario que se hayan omitido las declaraciones tributarias o que las presentadas fueren reflejo de su falsa contabilidad y que la cuantía, en más o menos, de los cargos o abonos omitidos o falseados exceda, sin compensación aritmética entre ellos, de 240.000 euros por cada ejercicio económico.

La pena es de prisión de cinco a siete meses.

e) Defraudación a la Hacienda de la Comunidad Europea

El Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, hecho en Bruselas el 26 de julio de 1995 (que entró en vigor en España el día 17 de octubre de 2002), obliga a los estados miembros a tomar medidas para castigar de forma eficaz los fraudes de fondos comunitarios. En cumplimiento del convenio, la Ley Orgánica 15/2003 de 25 de noviembre llevó al Código Penal de 1995 los artículos 306 y 309 conteniendo varios tipos delictivos que castigan fraudes comunitarios en las dos versiones de ingreso y gasto de la Hacienda Comunitaria, y en los artículos 627 y 628 unos comportamientos más leves considerados falta. Tras la reforma operada por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, solo se mantiene en vigor el artículo 306.

Delitos: (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

El artículo 306 CP, modificado por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, establece que el que por acción u omisión defraude a los presupuestos generales de la Unión Europea u otros administrados por ésta, en cuantía superior a cincuenta mil euros, eludiendo el pago de cantidades que se deban ingresar, u obteniendo indebidamente fondos falseando las condiciones requeridas para su concesión u ocultando las que la hubieran impedido, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa del tanto al séxtuplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de tres a seis años.

Si la cuantía defraudada o aplicada indebidamente no superase los cincuenta mil euros, pero excediere de cuatro mil, se impondrá una pena de prisión de tres meses a un año o multa del tanto al triplo de la citada cuantía y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de seis meses a dos años.

Pueden ser sujetos activos de este delito todas las personas que estén obligadas al cumplimiento de obligaciones materiales o de deberes formales que integren el contenido de la relación jurídico-tributaria o quienes perciban el beneficio fiscal o la devolución indebida. No se exige la condición de obligado tributario al sujeto activo, por lo que será posible la exigencia de responsabilidad a los representantes. Asimismo, tras la reforma de la L.O. 5/2010 se recoge expresamente la responsabilidad de las personas jurídicas en estos delitos. La responsabilidad penal de las personas jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el apartado anterior, aun cuando la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir el procedimiento contra ella. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Debido a que el bien jurídico protegido son los derechos de la economía pública o el perjuicio patrimonial, el sujeto pasivo debe ser una entidad pública directamente perjudicada por la conducta del responsable: la Hacienda Pública estatal, autonómica, foral o local. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

La exención de responsabilidad penal es posible, y está contemplada en el art. 305.4, que prevé: “Quedará exento de responsabilidad penal el que regularice su situación tributaria, en relación con las deudas a que se refiere el apartado primero de este artículo, antes de que se le haya notificado por la Administración tributaria la iniciación de actuaciones de comprobación tendentes a la determinación de las deudas tributarias objeto de regularización, o en el caso de que tales actuaciones no se hubieran producido, antes de que el Ministerio Fiscal, el Abogado del Estado o el representante procesal de la Administración autonómica, foral o local de que se trate, interponga querella o denuncia contra aquél dirigida, o cuando el Ministerio Fiscal o el Juez de Instrucción realicen actuaciones que le permitan tener conocimiento formal de la iniciación de diligencias”. (Abogado delito contra la Hacienda Pública).

Finalmente, en lo que respecta la prescripción de éste delito, la reducción del plazo de prescripción tributaria de 5 a 4 años generó dudas sobre si en la esfera penal sigue siendo de 5 años o será de 4 años. El Tribunal Supremo (STS 10-10-01) interpreta que la liquidación de la deuda tributaria es requisito de procedibilidad penal, por tanto, si pasados 4 años no puede ya practicarse la liquidación no puede iniciarse causa penal por faltar un presupuesto procesal.