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Abogado delito concurso acreedores fraudulento

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Telefono de urgencias

La comisión del delito del artículo 260 CP exige los siguientes elementos:

Que el sujeto activo del delito sea declarado en concurso conforme al procedimiento de la Ley Concursal, 22/2003 de 9 de julio. En este caso, el sujeto activo será el propio concursado si se trata de un concurso personal o sus administradores de hecho o de derecho si se trata de una persona jurídica (artículo 31 CP).

Que haya realizado actos que hayan agravado de forma dolosa la situación de crisis o insolvencia del concursado.

Y que esta actuación haya causado un perjuicio a los acreedores.

Lo cierto, es que el 260 CP tiene a su “homólogo” civil en el artículo 164.2 de la Ley Concursal que establece los actos del concursado que conllevan la calificación del concurso como culpable, siendo éste último mucho más específico ya que ofrece un exhaustivo listado de actos fraudulentos, entre otros, doble contabilidad, falsedad documental o alzamiento de bienes.

La conexión entre ambos preceptos es incuestionable ya no es habitual encontrar una condena penal por insolvencia punible por hechos distintos de los que enumera el listado del artículo 164.2 de la Ley Concursal.

Sin embargo, y en contra de una creencia muy extendida, la calificación del concurso no es vinculante para la jurisdicción penal. Y, ni siquiera, opera como requisito de procedibilidad penal, desaparecido tras la reforma de 1995. De modo que la jurisdicción penal goza de total autonomía concedida ex lege tanto por la Ley concursal, artículo 163.2, como por el artículo 260.4 CP que afirman que en ningún caso la calificación civil del concurso vincula a los jueces y tribunales del orden penal.

En el aspecto práctico de la cuestión la autonomía del orden penal respecto al mercantil implica lo siguiente:

Que la acción penal podrá incoarse sin esperar a la conclusión del proceso mercantil, ni su calificación. A efectos del cumplimiento del tipo del 260 CP es suficiente con la declaración del concurso.

Que las actuaciones propias del proceso concursal no constituyen per se prueba en el proceso penal ya que el juez penal tiene plena autonomía para valorar la prueba con independencia de las consecuencias jurídicas que haya tenido en el orden mercantil.  Y que las resoluciones dictadas en el ámbito mercantil no constituyen prueba de cargo en el juicio penal.

Que la jurisdicción penal, en virtud de la citada independencia, puede declarar la existencia del tipo del art. 260 CP por actuaciones no incluidas en los supuestos del 164 LC. (Abogado delito concurso acreedores fraudulento). 

Esta situación permite, por un lado, que el acreedor perjudicado por los actos fraudulentos del concursado no tenga que esperar la larga tramitación del concurso para formular la oportuna querella que se tramitará con independencia de las resoluciones del procedimiento concursal. (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

Por otro, es conveniente tener presente que la declaración culpable no implica necesariamente la condena penal y que la acción penal es defendible, de forma que es muy factible que una declaración culpable en el orden mercantil acabe en sentencia absolutoria en el ámbito penal. En este sentido, debemos llamar la atención sobre el hecho de que el tipo de 260 CP exige, además del fraude, la actuación dolosa y el perjuicio a los acreedores.

El delito societario del artículo 290 del Código Penal frente a la simulación de situación patrimonial del artículo 164.2.6a de la Ley Concursal.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

Código Penal. Artículo 290. Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.

• Delito de mera actividad. El literal del artículo 290 del Código Penal nos ofrece ya – al conforme de la lectura de su último párrafo – la primera gran diferencia entre la falsedad societaria penal y la simulación patrimonial presunta del artículo 164.2.6a de la Ley Concursal; en tanto en cuanto mientras el artículo 290 sanciona un tipo de delito de los considerados de simple actividad que no exige la causación de perjuicio económico alguno al artículo 164.2.6a no le basta con la mera intencionalidad del agente para poder declara su responsabilidad sino que exige la concurrencia de un perjuicio cierto que debe haberse revelado efectivo.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Sujeto Activo. Son sujetos activos del tipo los administradores de hecho o de derecho de una sociedad constituida o en formación si bien, no puede olvidarse, como se ha puesto de relieve en acontecimientos muy recientes que han tenido una trascendencia informativa universal, que no se debe descartar la posibilidad de la participación, por cooperación necesaria, de las entidades auditoras que al realizar la fiscalización externa de la contabilidad, colaboran y se prestan a la formación de unas cuentas anuales o balances falseados” (STS de 29 de julio de 2002).

• Objeto Material. Son el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y los libros de comercio – libro de inventarios, libro diario y libro de actas –  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Actividad Punible. Estamos ante un delito doloso que no requiere resultado, salvo en el último inciso del tipo, para configurar el subtipo agravado. La actividad punible abarca las falsedades del art. 390 CP, adaptadas al ámbito empresarial, lo que incluye “los artificios contables”, las “contabilidades paralelas” y, en general, todas las prácticas que encubran la verdadera solvencia o realidad de la empresa, pero no las meras irregularidades, versiones resumidas e incompletas de datos y demás errores o incumplimientos contables o técnicos, si no implican un ocultamiento voluntario de la realidad empresarial.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

Puede entrar en concurso con la estafa el delito fiscal, falsedad documental o administración desleal, resolviéndose como concurso de delitos, salvo con la falsedad documental que sería de normas.

• Principio acusatorio. La acusación por falsedad documental prevista en el art. 390 CP impide la condena por el delito de falsedad contable, específicamente regulado en el art. 290 CP, por vedarlo el principio acusatorio [STS de 25 de junio de 2010 (rec. 226/2010)].

No integra el tipo de este delito, el balance conteniendo datos falsos presentado por los administradores de una sociedad acogida a la solicitud voluntaria de concurso, por estar específicamente incluida tal conducta en el art. 261 CP (STS 1458/2003, de 7 de noviembre).  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Bien jurídico. El bien jurídico protegido por el artículo 290 del Código Penal, es el derecho de los destinatarios de la información social que, pueden ser, no sólo los socio sino también los terceros, a obtener una información completa y veraz sobre la actuación jurídica o económica de la sociedad [STS de 25 de junio de 2010 (rec. 226/2010)].

El bien jurídico protegido por la norma (…) no es el privativo de persona alguna, ni tampoco, de modo inmediato, al menos, del Estado, sino de la sociedad o comunidad, cuya fe en el tráfico y en la actividad empresarial se perturba (…) los balances de entidades financieras, cuya repercusión en la economía nacional, es de tal intensidad que, sus crisis pueden afectar seriamente a la estabilidad económica del sistema (STS de 29 de julio de 2002).

• Conducta punible. La conducta típica debe recaer sobre «las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad», definición legal ejemplo de «numerus apertus», que indudablemente incluye el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Y también «los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la CNMV, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en el mercado».

El delito societario tipificado en el artículo 290 del Código Penal viene a tutelar la transparencia externa de la administración social y la conducta delictiva consiste en la infracción del deber de veracidad en la elaboración de las cuentas anuales y otros documentos de la sociedad, es decir, en el falseamiento de las cuentas que deban reflejar la situación jurídica y económica de la sociedad de forma idónea para perjudicar a la sociedad, a sus socios o a un tercero. En esta mención a las cuentas anuales debe considerarse incluido el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, la memoria, el informe de gestión así como los informes que deben elaborar los administradores para la adopción de determinados acuerdos (aumento de capital, modificación de estatutos, etc.).

Y como delito doloso requiere el conocimiento por parte del autor de la idoneidad lesiva de la acción. Caso de que se llegare a causar el perjuicio económico se aplicará el subtipo agravado que también viene incorporado al mencionado artículo 290 del Código Penal (STS 863/2009, de 16 de julio).

• Balances falsos. No cabe incluir en el art. 290 CP una falsedad ideológica del art. 261, cuando los datos no coincidentes entre el balance de los administradores sociales y el de los interventores se debe a que no se dispuso de igual documentación y se manejaron “distintos criterios de contabilidad”, lo cual está bastante lejos de la conducta delictiva exigida por el tipo, que habla de “falsear las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad (STS 1458/2003, de 7 de noviembre).

En cambio, sí integra el tipo si se contabiliza la compra de un inmueble en fecha e importe incorrectos. Pues si la adquisición de un bien inmueble tiene lugar mediante la posesión efectiva y material o mediante la tradición instrumental a través de la escritura pública, es en ese momento cuando debe incluirse la compra, aunque falten cantidades pendientes de abono. Y, por otro lado, hay que reflejar el precio del valor de adquisición,

sin que quepa “inflarlo”, añadiendo indebidamente, “gastos derivados de las numerosas gestiones”, porque ello altera y distorsiona la realidad financiera de la empresa, respecto a un dato cierto e inamovible como es el valor de adquisición de un inmueble (STS 734/2004, de 12 de junio).  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Dolo. Al tratarse de un tipo doloso, se precisa la intención de producir un perjuicio económico a la sociedad, sancionándose como subtipo agravado si dicho perjuicio llega a causarse, realmente.

 Ley Concursal. Artículo 164.2.6a. En todo caso, el concurso se calificará como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos… 6.o Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

• Conducta punible. Castiga con la declaración de culpabilidad al deudor que trata de aparentar una situación patrimonial ficticia o distinta a la real y realiza antes de la declaración del concurso cualquier acto jurídico dirigido a simular aquélla… bien manipulando gravemente la contabilidad de la empresa, bien cometiendo irregularidades contables graves.

Se incluyen “los artificios contables”, las “contabilidades paralelas” y, en general, todas las prácticas que encubran la verdadera solvencia o realidad de la empresa, pero no las meras irregularidades, versiones resumidas e incompletas de datos y demás errores o incumplimientos contables o técnicos; esto es, se excluye las mera inexactitud derivada de una diferente valoración jurídica (JM Barcelona 3 18-02-08).

• Objeto Material. Son el balance, las cuentas de pérdidas y ganancias, la memoria y los libros de comercio – libro de inventarios, libro diario y libro de actas –  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Actividad Punible. Estamos ante una acción que exige la concurrencia de culpa grave o dolo y un resultado cierto consistente en un perjuicio económico efectivamente causado.

El delito societario del artículo 295 del Código Penal frente a la desaparición fraudulenta de bienes del artículo 164.2.5a de la Ley Concursal

 Código Penal. Artículo 295. Los administradores de hecho o de derecho o los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, que en beneficio propio o de un tercero, con abuso de las funciones propias de su cargo, dispongan fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraigan obligaciones a cargo de ésta causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios, depositarios, cuentapartícipes o titulares de los bienes, valores o capital que administren, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.

• Administración desleal. Se trata de un derecho sancionador punitivo de las actividades de gestión fraudulenta en el seno de una sociedad por quienes tienen capacidad de disponer o contraer gasto, y lo hacen de modo abusivo, esto es, quebrantando sus deberes de administración (fiel y diligente) y produciendo un perjuicio a la sociedad, socios o a quienes tienen bienes valores o capitales a cargo de aquélla.

Las conductas punibles imaginables son numerosas… concesión de créditos sin garantías, descuento de letras sin operación real detrás, compras a precios más elevados que los del mercado, autopréstamos, asumir obligaciones imposibles.

El lucro que ha de animar al autor no requiere una apropiación, pues se sanciona una gestión de abuso, incluso por dolo eventual, pero no el quedarse con bienes sociales o de terceros, conducta incardinable en el art. 250 CP, por aplicación de la regla normativa del art. 8.4 CP.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

• Concurso del tipo. El tipo puede entrar en concurso con la insolvencia punible o la falsedad – concursos reales y/o mediales – con malversación cuando se trate de administradores o depositarios judiciales – el art. 435 será de preferente aplicación – y con los demás delitos sociales, a resolver mediante el concurso real/medial o el de normas, en atención a la especifidad de la conducta realmente producida.

 

• Diferencia con apropiación indebida. Cuando se habla de gestión desleal se hace referencia al incumplimiento de los deberes de lealtad que puede presentarse en dos casos diferentes…

a) De un lado, el administrador puede realizar determinadas conductas, propias de su condición y en el marco de sus atribuciones, en las que abusando, sin embargo, de las funciones propias de su cargo, actúa fraudulentamente causando un perjuicio, entre otros al titular de los bienes administrados. Cuando se trata de administradores de sociedades, tal conducta se encuentra prevista en el artículo 295 del Código Penal, siempre que se ejecuten los comportamientos típicos.

b) De otro, el administrador puede aprovechar su cargo para realizar acciones en las que, disponiendo del patrimonio de su principal, que administra por encargo de éste, lo incorpora de modo definitivo, en todo o en parte, a su patrimonio particular, excediendo de las facultades que le han sido conferidas.

También aquí actúa con deslealtad, pero alcanza un grado superior, pues no sólo violenta los deberes de lealtad que le imponen una administración respetuosa con la lex artis, sino que además, abusa de su posición para actuar fuera de las facultades conferidas e incorporar a su patrimonio lo que pertenece al de su principal.

Cuando se trata de dinero o cosas fungibles, tal clase de conducta es identificada como «distracción» en la terminología empleada por el Código Penal en el artículo 252.

Esta forma de entender ambas conductas encaja con lo que se decía en la STS n.o 1114/2006, de 11 de abril, en la que se afirmaba que «la expresión ‘distraer dinero’ debe ser entendida en el sentido tradicional de la noción de abuso de poderes otorgados por Ley o por un negocio jurídico para disponer sobre un patrimonio ajeno. La Ley requiere de esta manera que el administrador haya excedido los límites de su poder de disposición». En sentido similar se pronuncia la STS n.o STS 915/2005, de 11 de julio.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

En consecuencia, el administrador que, infringiendo los deberes de lealtad impuestos por su cargo «administra» mal en perjuicio de su principal o de quienes se mencionan en el artículo 295, mediante las conductas descritas en ese tipo, cometerá un delito societario.

Mientras que el administrador, sea de una sociedad o de un particular, que abusando de sus funciones va más allá de las facultades que le han sido conferidas y hace suyo el patrimonio de su principal, causándole así un perjuicio, cometerá un delito del artículo 252 en la modalidad de distracción de dinero” (STS 47/2010, de 2 de febrero).

Podría decirse, en este sentido, que en el primer caso, administración desleal del artículo 295, se infringe un deber de fidelidad del administrador hacia el titular del patrimonio administrado, causando un perjuicio como consecuencia de actos de administración (actos de disposición sobre bienes de la sociedad o suscripción de obligaciones a su cargo) fraudulentamente adoptados, mientras que en el caso de la distracción de dinero, (artículo 252), lo característico es el abuso de las facultades del administrador, que aprovecha su posición para ir más allá de aquello a lo que está autorizado, causando también un perjuicio al titular del patrimonio administrado, pero no como consecuencia de la adopción de actos auténticos de la administración encomendada, sino a causa del desvío del dinero recibido hacia un objeto o finalidad distintos de los prefijados en el título de recepción, y consiguientemente, fuera de los límites establecidos por su competencia como administrador” (S T S 623/2009, de 19 de mayo).

• Conducta típica. El tipo se dirige a sancionar conductas que, no siendo susceptibles de calificarse como delitos de apropiación indebida, consisten sin embargo en

actos de administración desarrollados en el ámbito propio de la sociedad, que impliquen disposición fraudulenta de bienes o asunción de obligaciones a cargo de la sociedad que supongan un beneficio propio o de tercero y, al mismo tiempo, un perjuicio económicamente evaluable para los titulares del patrimonio administrado (STS de 3 de febrero de 2003).

Constituye este delito la creación e instalación de una empresa con igual objeto, en los mismos locales y con el empleo de bienes materiales y personales de otra, en la que el acusado era general manager (administrador de hecho), al suponer una infracción manifiesta de la prohibición de competencia que se estableció por contrato para dicho administrador general. El carácter fraudulento de su proceder se ve corroborado en la no confección de una contabilidad regular y en la no presentación de las cuentas anuales de la nueva empresa, en el Registro Mercantil. Todo ello genera un perjuicio evidente a la primera empresa, al producirse un desplazamiento de sus bienes y personal, en beneficio de otra sociedad, y de este modo se favorece una reducción de sus posibilidades en participar lícitamente en el mercado, disminuyendo las posibilidades de obtener beneficios (STS 949/2004, de 26 de julio).

• Diferencia con la estafa. No cabe condenar por estafa a la administradora de una sociedad que vende por 4.500.000 ptas. una finca cuyo valor era superior a 45 millones porque no existió engaño, sino una actividad desleal para el patrimonio de la sociedad y, por ende, para el de los otros accionistas de la misma (STS 1476/2004, de 21 de diciembre), debiendo su conducta ser incardinada en el tipo del artículo 295.

• Consumación. El delito se consuma por la realización de las actividades desleales y la consiguiente originación del perjuicio económicamente evaluado (STS de 29 de julio de 2002), aunque no se pruebe que el dinero ha quedado incorporado al patrimonio del administrador, pues la gestión fraudulenta en que la acción típica consiste implica la concurrencia del dolo genérico, que consiste en el conocimiento y consentimiento del perjuicio que se ocasiona o, por decirlo con una conocida expresión sumamente plástica, que consiste en “saber lo que se hace y querer lo que se sabe” (STS de 26 de febrero de 1998).  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

 Ley Concursal. Artículo 164.2.5a. En todo caso, el concurso se calificará como

culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes supuestos… 5.o Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

• Conducta punible. Se sanciona con la calificación culpable aquél concurso en el que dentro de los dos años anteriores a su declaración, hubieren salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

• Diferencia con la administración desleal. La legislación concursal no sanciona aquellas actividades de gestión fraudulenta en las que el quebranto nazca del incumplimiento por el administrador de sus deberes de administración fiel y diligente frente a sus socios o a quienes tienen bienes valores o capitales a cargo de aquélla, cuando el perjuicio ocasionado afectare sólo a estos, sino que el elemento objetivo de la presunción del artículo 164.2.5a LC sólo cabe ser entendido como una especial disposición de ánimo orientada no ya al fin de hacer desaparecer bienes, sino de causar con ello un perjuicio a los acreedores de la empresa.  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

En definitiva la ley concursal que no resulta hábil para transgredir la esfera del derecho penal y, por ello, no puede, ni pretende, sancionar aquellos actos en los que el administrador infiel hace suyo el patrimonio de su principal, causando con ello un perjuicio exclusivamente a éste, pero sin afección o resultado que grave o perjudique el derecho de los acreedores.

Así, veíamos como resultaba típica y sancionable a tenor del artículo 295 del Código Penal la creación e instalación por el administrador de una empresa de otra con igual objeto, en los mismos locales y con el empleo de bienes materiales y personales de aquélla, en la que el acusado era general manager (administrador de hecho) de esta

 

segunda, al producirse un desplazamiento de los bienes y personal de su administrada, en beneficio de la otra sociedad bajo su disposición fáctica, disminuyendo las posibilidades de la primera de obtener beneficios (STS 949/2004, de 26 de julio), siempre que con ello no se perjudique el ratio de solvencia de ésta causando un perjuicio cierto a los acreedores de la misma.

Esta conducta típica para el derecho penal es irrelevante por contra para la legislación concursal.

Distinto sería el caso de un administrador de un grupo de sociedades que asigna discrecionalmente la producción a sus participadas de manera que el volumen de negocio de cada una de aquéllas se haga depender de la asignación de la matriz, por atribución de cargas de trabajo, siguiendo un criterio irracional que beneficie a unas, mientras lastra la solvencia de las otras, despatrimonializando el beneficio empresarial de éstas últimas hasta provocar su insolvencia en perjuicio del derecho de sus acreedores (JM Bilbao 12-07-07)

El delito de alzamiento del artículo 257 del Código Penal frente al alzamiento de bienes del artículo 164.2.4a de la Ley Concursal

 Código Penal. Artículo 257. 1. Será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro

años y multa de doce a veinticuatro meses: 1.o El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. 2.o Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un embargo o de un procedimiento ejecutivo o de apremio, judicial, extrajudicial o administrativo, iniciado o de previsible iniciación. 2. Lo dispuesto en el presente artículo será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada. 3. En el caso de que la deuda u obligación que se trate de eludir sea de Derecho público y la acreedora sea una persona jurídico pública, la pena a imponer será de uno a seis años y multa de doce a veinticuatro meses.

 

• Conducta punible. Sanciona toda maniobra dolosa del deudor, que se coloca en una posición que haga imposible el cobro de lo adeudado al acreedor. Es una criminalización de la obligación que pesa sobre cualquier deudor, de responder con todo su patrimonio, del cumplimiento de sus obligaciones (art. 1.911 CC).

• Delito de simple actividad. Como delito de simple actividad, no requiere conseguir perjudicar económicamente al acreedor, sino sólo frustrar los legítimos derechos de éste.

La maniobra defraudatoria ha de ser posterior al nacimiento de la deuda y puede suponer una insolvencia total o parcial. Lo fundamental no es tener o no patrimonio, sino ponerlo “a buen recaudo”, impidiendo que los acreedores puedan cobrar… de ahí que quepa la consideración como sujeto activo del delito, además de la figura propia del deudor, la de quién en el negocio jurídico hubiese actuado como avalista, garante o fiador de las obligaciones contraídas por aquél frente a estos.

Un tercero que se confabula con el deudor, para poner los bienes a su nombre, responderá como cooperador necesario.

En cuanto a concursos, suele concurrir con el delito de falsedad documental, al que absorbe por ser, normalmente, un elemento integrante de la conducta penal global. Los adquirentes de buena fe mantendrán sus derechos, los de mala fe, verán anuladas las escrituras en que se documentó la operación transmisiva.

• Elementos del tipo. Los elementos del tipo se descomponen así: a) existencia de un derecho de crédito por parte de un acreedor y en consecuencia unas obligaciones dinerarias por parte del deudor, generalmente vencidas, líquidas y exigibles; b) ocultación, enajenación real o ficticia, onerosa o gratuita de los propios bienes, simulación fraudulenta de créditos o cualquier actividad que sustraiga los bienes citados al destino solutorio a que se hallan afectos; c) situación de insolvencia total o parcial, real o aparente, del deudor

como consecuencia de la actividad dinámica antes mencionada; y d) concurrencia de un elemento subjetivo específico, tendencial, consistente en la intención de causar perjuicio al acreedor, bien entendido no obstante que el alzamiento es un delito de mera actividad, de riesgo, de resultado cortado, con lo cual basta con que se lleve a cabo la ocultación de bienes, como resultado exigido por el tipo en relación a la simple intención de perjudicar, pues el perjuicio real pertenece no a la fase de perfección sino a la de su agotamiento (cfr., por todas, SSTS 668/1996, 8 de octubre y 113/1995, de 31 de enero, SSTS 462/2009, de 12 de mayo y 2068/2001, de 08 de noviembre).

• Bien jurídico. El alzamiento de bienes no es un delito de insolvencia, sino de frustración de la ejecución de las obligaciones por parte del deudor, cuyo bien jurídico protegido por el delito de alzamiento de bienes es “el derecho del acreedor a la satisfacción de sus créditos y viene a ser la contrapartida a la responsabilidad patrimonial universal establecida en el art. 1.911 CC” (STS 1690/1999, de 29 de noviembre).

• Ocultación o sustracción. Caben modalidades muy diversas, pues “puede hacerse de modo elemental apartando físicamente algún bien de forma que el acreedor ignore donde se encuentra, o de modo más sofisticado, a través de algún negocio jurídico por medio del cual se enajena alguna cosa a favor de otra persona, generalmente parientes o amigos, o se constituye un gravamen que impide o dificulta la posibilidad de realización ejecutiva, bien sea tal negocio real, porque efectivamente suponga una transmisión o gravamen verdaderos pero fraudulentos, como sucede en los casos tan frecuentes de donaciones de padres a hijos, bien se trate de un negocio ficticio que, precisamente por tratarse de una simulación, no disminuye en verdad el patrimonio del deudor, pero en la práctica impide la ejecución del crédito porque aparece un tercero como titular del dominio o de un derecho real que obstaculiza la vía de apremio” (STS 732/2000, de 27 de abril).

• En perjuicio de sus acreedores. La mencionada expresión que utiliza el art. 257.1.1 CP no equivale a un perjuicio real y efectivo en el titular del derecho de crédito, sino en el sentido de intención del deudor que pretende salvar algún bien o todo su patrimonio en su propio beneficio o de un tercero allegado, obstaculizando así la vía de ejecución que podrían seguir sus acreedores. La existencia de un “perjuicio real” no pertenece, pues, a la fase de perfección del delito, sino de su agotamiento (STS 732/2000, de 27 de abril).  (Abogado delito concurso acreedores fraudulento).  

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